Por: Redacción Centraltv

El Gobierno del Perú anunció su intención de presentar ante la OEA una modificación de la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático en América. La iniciativa surge en el contexto del reciente otorgamiento de asilo por parte de México a una exfuncionaria acusada de delitos comunes, lo que ha motivado una revisión del uso que se da a esta norma.

El ministro de Relaciones Exteriores informó que la propuesta plantea exigir, como requisito previo al otorgamiento del asilo, que el país solicitante consulte al Estado del asilado y convenga en recibir información sobre su situación judicial. Esta medida tiene como fin garantizar que no se conceda asilo de manera automática en casos de personas con procesos judiciales vigentes por delitos comunes, evitando así lo que el Gobierno peruano considera una “desnaturalización” del derecho de asilo.

La Cancillería sostiene que la Convención fue concebida originalmente para proteger a individuos perseguidos por razones políticas, no para eximir de la justicia a quienes enfrentan acusaciones por delitos comunes. Por ello, plantea que la norma se actualice para reflejar con claridad su objetivo original, y para que los Estados miembros puedan evaluar con criterios uniformes y transparentes cada solicitud de asilo.

El Ejecutivo aseguró que, de concretarse el cambio, la reforma fortalecería la legitimidad del sistema internacional de protección y reduciría el riesgo de que delincuentes utilicen el asilo diplomático como recurso para evitar responsabilidad penal. En paralelo, invitó a otros países miembros de la OEA a sumarse al diálogo y buscar un consenso regional en torno a los criterios de asilo.

La propuesta se realizará en el próximo periodo de sesiones de la OEA, y el Gobierno peruano adelantó que llevará adelante las gestiones diplomáticas necesarias para formalizar el planteamiento ante el organismo hemisférico.