El Gobierno de India implementará una nueva orden que obliga a los fabricantes e importadores de teléfonos móviles a preinstalar una aplicación estatal en todos los dispositivos destinados al mercado nacional, medida que desató fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.

La directiva, emitida el 28 de noviembre, obliga a que la aplicación esté visible, operativa y sin restricciones desde la primera configuración del dispositivo, según detalló el Ministerio de Comunicaciones. Además, los fabricantes no podrán limitar ni desactivar sus funciones en la instalación de fábrica.

La aplicación permitirá verificar la autenticidad del teléfono mediante el IMEI, denunciar equipos robados o perdidos, bloquear dispositivos, identificar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y reportar llamadas sospechosas, fraudes y enlaces maliciosos.

Plazos y alcance de la medida

El Gobierno estableció un plazo de 90 días para la implementación completa y 120 días para que las empresas presenten un informe de cumplimiento. También pidió que los fabricantes “procuren” distribuir la aplicación mediante actualizaciones de software en teléfonos ya fabricados y aún en venta.

El ministro de Comunicaciones, Jyotiraditya Scindia, aclaró que la prohibición a las compañías de desactivar funciones no impide que los usuarios eliminen la app si así lo desean.
“Se trata de un sistema voluntario y democrático: los usuarios pueden activarlo o eliminarlo en cualquier momento”, afirmó en X.

La oposición denuncia “vigilancia estatal”

El Gobierno sostiene que la medida busca proteger a los ciudadanos frente a la compra de dispositivos no genuinos y facilitar la denuncia de usos indebidos de servicios de telecomunicaciones.

Sin embargo, la oposición, liderada por el Partido del Congreso, calificó la orden de “inconstitucional” y exigió su retirada. Su secretario general, K. C. Venugopal, afirmó que imponer una aplicación gubernamental representa “una herramienta distópica para vigilar a cada ciudadano”.

El portal oficial de la herramienta sostiene que se trata de una aplicación “centrada en el ciudadano”, diseñada para empoderar a los usuarios, reforzar la seguridad y aumentar la conciencia sobre iniciativas gubernamentales vinculadas a telecomunicaciones.