La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó por unanimidad suspender los gastos de viáticos, pasajes y asignaciones destinados a parlamentarios y asesores durante las semanas de representación de enero, febrero y marzo de 2026, meses previos a las elecciones generales.

Según el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, los legisladores deberán realizar sus labores representativas pero sin recibir pagos adicionales por viajes, transporte o gastos conexos durante el periodo. La medida busca resguardar los recursos públicos en un contexto de intensa actividad electoral.

“Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos”, declaró Rospigliosi en un video institucional.

El presidente del Congreso añadió que la decisión apunta a evitar cuestionamientos y prevenir el mal uso de fondos estatales, reforzando la transparencia en una etapa políticamente sensible.

Cuestionamientos previos impulsaron la medida

La suspensión de pagos se presenta tras una serie de cuestionamientos recientes hacia congresistas y asesores por presuntos usos indebidos de recursos públicos. Días antes, Rospigliosi anunció la propuesta con el respaldo de la parlamentaria Norma Yarrow.

En paralelo, una investigación periodística reveló que los asesores Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz participaron en actividades de Fuerza Popular durante el horario laboral, pese a estar en planilla del Congreso con sueldos superiores a 3.500 soles.

Incluso se detectó que algunos de ellos no eran reconocidos por las propias oficinas congresales, lo que abrió un debate sobre la gestión y supervisión de recursos humanos en el Legislativo.

Rospigliosi afronta proceso en el sistema electoral

La medida también se anuncia en medio de cuestionamientos legales contra Fuerza Popular y el propio Rospigliosi.
El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo (JEE) concluyó que el presidente del Parlamento incumplió sus funciones de control al permitirse el uso de una cámara institucional del Congreso en un evento partidario de Keiko Fujimori en Trujillo.

El caso fue derivado a la Contraloría General y al Ministerio Público. Rospigliosi presentó una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que ya fue admitida. El fallo podría derivar en sanciones administrativas o penales, según el avance de las investigaciones.