La reciente intervención del canciller Hugo de Zela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió un fuerte debate continental sobre los alcances del asilo diplomático y las denuncias de su uso “con fines ideológicos”. El ministro aclaró que el planteamiento del Perú no mencionó el caso de Betssy Chávez, expremier refugiada en México, porque la OEA no tiene jurisdicción sobre ese proceso.
De Zela explicó que la intención peruana es crear un mecanismo obligatorio para que los países pidan información al Estado territorial antes de otorgar asilo. “Hay que buscar un procedimiento que sea vinculante”, afirmó en Canal N.
Las delegaciones de la región respondieron con posiciones diversas —y en su mayoría contrarias— a la propuesta peruana:
Defendió el asilo como un acto humanitario y parte esencial de los derechos humanos.
Rechazó la iniciativa de Perú señalando que “contradice la tradición latinoamericana” y poniendo un claro respaldo a México.
Respaldó parcialmente al Perú al denunciar abusos que han generado “situaciones de impunidad”, pero pidió transparencia entre Estados.
Pidió debatir el tema, pero advirtió: “No se debe debilitar el asilo”, además de llamar a normalizar las relaciones Perú–México.
Reafirmó que la protección a perseguidos políticos es una obligación internacional.
Enfatizó el asilo como derecho humano, citando casos recientes de venezolanos protegidos en su embajada.
Rechazó añadir nuevos requisitos: “Las convenciones de La Habana, Montevideo y Caracas deben respetarse”.
Fue el más crítico. Señaló que la OEA no es competente para revisar la Convención sobre Asilo Diplomático y cuestionó el enfoque peruano.