La inhabilitación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación dejó al descubierto fracturas internas en el Congreso, así como maniobras decisivas que cambiaron el rumbo de la votación en cuestión de horas. La jornada estuvo marcada por demoras, reclamos de congresistas y un veloz manejo del debate en la segunda ronda.

Al mediodía, el Pleno no consiguió los 68 votos necesarios: solo obtuvo 63 votos a favor, lo que parecía cerrar el caso. Sin embargo, los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow solicitaron una reconsideración que habilitó la repetición de la votación.

Durante la sesión vespertina, bajo la conducción del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la dinámica cambió. La votación para aceptar la reconsideración tuvo un tiempo de 7 minutos y 30 segundos, lo que generó reclamos entre parlamentarios que pedían cerrar el proceso con mayor rapidez.

Mientras el relator leía la denuncia, Rospigliosi interrumpió para acelerar el trámite: “Solo la parte resolutiva”, indicó.

Cambios clave en los votos

El resultado final —71 votos a favor— fue posible gracias a ocho cambios decisivos entre la primera y segunda votación:

• Katy Ugarte, José Balcázar y Kira Alcarraz: de abstención a voto a favor.

• Francis Paredes, Guido Bellido y Silvia Monteza: no votaron al mediodía, pero sí lo hicieron por la inhabilitación en la tarde.

• Juan Mori: con licencia en la mañana, votó a favor en la tarde.

• Elva Julón: ausente en la mañana, presente en la tarde para sumar a la mayoría.

Estos movimientos fueron interpretados como señales de coordinación política interna, lo que generó suspicacias y críticas en bancadas opositoras.

El abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, calificó la maniobra como “tramposa” y denunció presiones a legisladores para cambiar su voto.

En redes sociales, Rospigliosi celebró el resultado calificando a Espinoza de “desquiciada”, lo que elevó aún más la tensión política.

¿Por qué fue inhabilitada?

El Congreso argumentó que Delia Espinoza habría respaldado el reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del Delito”, presuntamente contrario a la Ley 32130.

Los denunciantes aseguraron que Espinoza avaló un documento irregular, imputándole infracciones constitucionales y los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

No obstante, informes oficiales señalan que dicho reglamento no fue aprobado por la Junta de Fiscales Supremos, sino emitido por el entonces fiscal interino Juan Carlos Villena. Aun así, el Congreso decidió sancionarla únicamente a ella, mientras que otros fiscales implicados fueron exonerados.