Los indultos concedidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y al congresista demócrata Henry Cuéllar han reavivado la polémica sobre el uso político de la clemencia presidencial, una práctica que, según analistas, se ha intensificado durante el último año.

De acuerdo con un análisis del Washington Post, Trump ha otorgado perdones a por lo menos 10 personas vinculadas a delitos relacionados con drogas desde el inicio de su segundo mandato, una cifra que contrasta con su discurso de mano dura contra el narcotráfico.

El caso más reciente es el indulto total a Hernández, condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Trump justificó la medida señalando que el proceso judicial habría sido una “trampa” impulsada por la administración de Joe Biden, argumento que ha generado críticas por la aparente contradicción con las políticas antidrogas promovidas por el propio mandatario.

Otro caso destacado es el de Ross Ulbricht, creador del mercado ilegal Silk Road, condenado a cadena perpetua en 2015, quien también recibió el perdón presidencial tras el retorno de Trump a la Casa Blanca.

La lista incluye además al congresista Henry Cuéllar, acusado de recibir sobornos de un banco mexicano, al excongresista republicano George Santos, condenado por fraude y robo de identidad, y al empresario David Gentile, sentenciado por estafar a miles de inversionistas.

Especial atención ha generado el indulto a Changpeng Zhao, cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance, condenado por blanqueo de dinero, debido a los vínculos de la empresa con proyectos asociados a la familia Trump.

Asimismo, el mandatario indultó a todos los implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos los acusados de sedición, en una de las decisiones más controvertidas de su segundo mandato.

Para especialistas citados por el Washington Post, el creciente número de indultos presidenciales —alrededor de 1.600 en 2025— refleja una práctica que funciona como termómetro del poder presidencial, pero que para muchos críticos se ha convertido en un sistema de “pago por clemencia”, marcado por intereses políticos, afinidades personales y presiones económicas.