Dos personas murieron por arma de fuego y otras 14 resultaron heridas este lunes durante una intervención policial en un bloqueo instalado en el botadero de Cotapachi, en la región de Cochabamba, Bolivia. El operativo se realizó en el límite entre los municipios de Colcapirhua y Quillacollo, donde pobladores mantenían cerrados los accesos al relleno sanitario en protesta por problemas limítrofes y ambientales.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Marco Padilla (38) y Sinforiano Carrillo (47), quienes fallecieron camino al hospital de Quillacollo tras recibir impactos de bala. Además, se reportó que siete policías resultaron heridos durante los enfrentamientos, de acuerdo con reportes oficiales.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, señaló que el contingente cumplía una orden judicial que prohibía el cierre del botadero y calificó los hechos como una “emboscada” contra los efectivos. Indicó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) determinará el tipo de armamento utilizado y las responsabilidades correspondientes.

Sin embargo, los abogados de las familias de las víctimas acusaron a la Policía de haber realizado disparos, asegurando además que los agentes ingresaron a la comunidad para perseguir a los bloqueadores, versión que es investigada por el Ministerio Público.

El fiscal departamental de Cochabamba, Oswaldo Tejerina, informó que se realizará una inspección técnica en el lugar de los hechos para iniciar las diligencias penales. Mientras tanto, los familiares de las víctimas exigen justicia y responsabilizan a la Alcaldía de Colcapirhua por haber instigado los hechos de violencia.

En respuesta, el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, denunció que detrás del bloqueo existen intereses económicos y personales. Afirmó que antes de la protesta no se presentó una demanda clara, aunque luego los pobladores exigieron resolver un antiguo conflicto limítrofe con Quillacollo.

El conflicto se origina en la falta de definición de los límites territoriales y en la administración del botadero de Cotapachi, un relleno sanitario que presta servicio a varios distritos metropolitanos y que ha sido motivo de disputas vecinales y políticas durante años.

La protesta comenzó el 27 de noviembre, cuando pobladores de zonas aledañas instalaron un bloqueo para exigir el cierre técnico del botadero y la delimitación clara del predio, situación que derivó en la acumulación de basura y la paralización del servicio de recojo.

Pese a la intervención policial, el conflicto continúa y se mantiene un bloqueo indefinido en la carretera que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, afectando el tránsito interdepartamental.

Tras los hechos, autoridades y organizaciones sociales pidieron la intervención del Gobierno central. El vicepresidente Edmand Lara exigió un “informe exhaustivo” para identificar a los responsables de las muertes, mientras que el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, llamó a la pacificación inmediata y al diálogo urgente entre las partes en conflicto.