La Autoridad Nacional del Agua (ANA) respaldó la reciente promulgación de la Ley N.º 32523, norma que sanciona con cárcel el depósito ilegal de residuos sólidos en ríos, quebradas y sus riberas en todo el país. El jefe de la entidad, José Musayón, destacó que esta herramienta legal permitirá aplicar sanciones más severas a prácticas que por años han afectado la calidad del agua en el Perú.

La ley, publicada el 10 de diciembre de 2025, incorpora el artículo 125-A al Código Penal, tipificando como delito el arrojo indebido de basura o desmonte en cuerpos de agua. Las penas van de dos a cuatro años de prisión, y pueden llegar hasta seis años si se usa maquinaria pesada o se genera daño a infraestructura pública. El objetivo es reforzar la protección ambiental y la salud pública en un contexto donde la presión sobre los ríos se incrementa por el crecimiento urbano, la actividad agrícola y el cambio climático.

Un cambio clave para la gestión del agua

Musayón resaltó que, antes de esta norma, la ANA solo podía imponer multas administrativas, lo que era insuficiente para sancionar a los infractores.
“La Autoridad Nacional del Agua solamente podía iniciar procesos administrativos sancionadores que no iban más allá de una sanción monetaria”, recordó el funcionario.

Con la nueva ley, la entidad podrá trabajar de manera articulada con el Ministerio Público para perseguir penalmente estas conductas. “Este articulado nos va a permitir imponer sanciones más severas y detener una mala praxis que se ha desarrollado por décadas”, señaló.

También aclaró que la norma está enfocada en residuos sólidos, ya que los vertimientos líquidos cuentan con su propia regulación mediante el artículo 304 del Código Penal.

Impacto de la contaminación en los ríos

La ANA advirtió que el arrojo de basura y desmonte provoca estrangulamiento de cauces, lo que aumenta el riesgo de desbordes en diversas regiones del país. En el caso del río Rímac, que abastece de agua a 11 millones de limeños, la acumulación de residuos persiste pese a continuos trabajos de limpieza.

Musayón destacó el rol de las municipalidades en la vigilancia de los cauces e invocó a la población a no seguir contaminando:
“Invoco a la ciudadanía a no arrojar desechos a los ríos; tenemos ríos imponentes en todo el país que debemos proteger”.

La ANA lidera un plan de recuperación del río Rímac, donde el 70 % del esfuerzo se centra en mejorar la calidad del agua.

Sanciones penales y trabajo articulado

El manejo inadecuado de residuos sólidos y aguas residuales es uno de los principales desafíos ambientales del país. Con la Ley N.º 32523, el Estado busca frenar la impunidad y enviar un mensaje claro: contaminar los ríos ahora es un delito.

La entidad insistió en que solo un trabajo conjunto entre municipios, Fiscalía, empresas y ciudadanía logrará la recuperación de los ríos peruanos.
“Con esta nueva legislación podemos aplicar sanciones mucho más severas, pero también buscamos generar conciencia en los peruanos”, finalizó Musayón.