Un amplio operativo policial y fiscal se ejecutó la madrugada de hoy en el Callao, donde agentes de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público allanaron de manera simultánea 27 inmuebles vinculados a una investigación por presunta corrupción en la administración pública.
El caso apunta a la existencia de una organización criminal denominada “Los Socios del Callao”, que tendría como presunto cabecilla al gobernador regional, Ciro Castillo, actualmente con orden de captura vigente.
Las diligencias se realizaron en viviendas y oficinas de funcionarios y servidores del Gobierno Regional del Callao, con el objetivo de recabar pruebas sobre colusión y direccionamiento de contrataciones estatales.
Como resultado del operativo, siete personas fueron detenidas de manera preliminar, acusadas de integrar la presunta red criminal. Según la Fiscalía, el grupo habría manipulado procesos de contratación pública durante el último año, generando un perjuicio económico superior a un millón y medio de soles.
Entre los intervenidos figuran asesores, jefes de logística, encargados de almacén, especialistas en adquisiciones y presuntos proveedores, quienes habrían coordinado para beneficiar a determinadas empresas mediante órdenes de compra directas.
De acuerdo con la investigación fiscal, la red habría recurrido al fraccionamiento de contratos, emitiendo órdenes de compra por montos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para evitar procesos de licitación pública.
Este mecanismo permitió favorecer de forma reiterada a proveedores específicos, eludiendo los controles establecidos por la normativa de contrataciones del Estado.
Las autoridades detallan que, entre 2023 y febrero de 2024, se repitieron estas adjudicaciones, incrementando progresivamente el daño patrimonial al Estado.
Uno de los puntos centrales del megaoperativo fue la vivienda de Ciro Castillo, ubicada en la zona residencial de La Punta, donde se desplegó un fuerte contingente policial.
Si bien los agentes ingresaron al inmueble y revisaron ambientes en busca de documentación relevante, el gobernador regional no fue ubicado, por lo que su paradero continúa siendo desconocido.
Esta situación motivó la activación de alertas para evitar una eventual salida del país, mientras continúan las diligencias bajo supervisión fiscal.
La Fiscalía ha autorizado hasta 15 días de detención preliminar para los intervenidos, periodo en el que se continuará con la toma de declaraciones, análisis de documentos y revisión de información financiera.
El caso ha generado alto impacto político e institucional, al involucrar a la máxima autoridad regional del Callao y revelar presuntas fallas de control interno en la gestión pública. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.