El líder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, seguirá siendo procesado por el delito de asesinato en el denominado caso Las Gardenias, luego de que el juez nacional de investigación preparatoria Fernando Váldez decidiera inaplicar la Ley 32107, norma que dispone la prescripción de delitos de lesa humanidad.
Polay Campos y otros cabecillas del MRTA solicitaron el archivo del proceso amparándose en dicha ley y en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que la declaró constitucional. Sin embargo, el magistrado consideró que su aplicación en este caso específico resultaría inconstitucional.
En su resolución, el juez Fernando Váldez reconoce que el Nuevo Código Procesal Constitucional prohíbe a los jueces inaplicar normas cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el TC. No obstante, precisó que existe una excepción reconocida por el propio Tribunal.
Esta excepción se da cuando la aplicación de una ley validada por el TC, en un caso concreto y bajo circunstancias específicas, puede vulnerar la Constitución. Incluso recordó que el propio TC ha inaplicado normas que no alcanzaron los votos necesarios para ser declaradas inconstitucionales.
“No se trata de cualquier organización, sino de una organización terrorista responsable de delitos de extrema gravedad, cuyos líderes diseñaron y ejecutaron una política criminal”, señala el fallo.
El juez sostuvo que la inaplicación de la Ley 32107 es idónea, necesaria y proporcional, ya que permite que el proceso avance hacia el juicio oral, donde existe una alta probabilidad de condena.
Asimismo, advirtió que de aplicarse la prescripción, nunca se esclarecería el asesinato de once personas perpetrado por el MRTA, vulnerando el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad, así como el deber del Estado de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.
El caso Las Gardenias comprende cuatro hechos criminales ocurridos entre 1989 y 1992 en Tarapoto, San Martín, ejecutados bajo la política del MRTA denominada “limpieza social” y “hombre nuevo”.
31 de mayo de 1989: ejecución de ocho personas retiradas por la fuerza del bar Las Gardenias.
30 de septiembre de 1990: secuestro y asesinato de Luis Alberto Pinche Vásquez, conocido como Fransua, por su orientación sexual.
Agosto de 1991: asesinato de Silvano Vela Carbajal, también motivado por discriminación.
12 de julio de 1992: secuestro y ejecución de Salomón Pérez Armas, alias Pacharaco.
Todos los crímenes son atribuidos a miembros y dirigentes del MRTA, y han sido calificados como delitos de lesa humanidad.