El primer ministro Ernesto Álvarez aseguró este miércoles que el Poder Ejecutivo firmará la autógrafa de ley que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), siempre que el texto final recoja la propuesta del Gobierno: una extensión por un año y sin reincorporar a los más de 50 mil mineros que fueron excluidos del proceso de formalización.

“Es un hecho la firma en la medida que la autógrafa que nos alcancen recoja los planteamientos que se han votado y debatido y que técnicamente deben reflejar la posición del Ejecutivo”, declaró Álvarez a la prensa desde el Congreso de la República.

Rechazo al retorno de mineros excluidos

El jefe del Gabinete Ministerial rechazó las versiones que indicaban que el Gobierno del presidente José Jerí no tenía una posición clara sobre el tema. En ese sentido, fue enfático al señalar que no se permitirá que mineros ilegales retomen actividades en territorios que no les pertenecen.

Álvarez subrayó que la política del Ejecutivo apunta a una formalización responsable, sin retrocesos ni concesiones que debiliten el control del Estado sobre la actividad minera informal e ilegal.

Congreso aprobó ampliar el Reinfo hasta 2026

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el texto sustitutorio del dictamen que extiende la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026, con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Previamente, el 4 de diciembre, el Pleno del Congreso había aprobado la iniciativa en primera votación, con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones. La norma modifica el Decreto Legislativo 1293, que regula el proceso de formalización minera en el país.

Definición clave en manos del Ejecutivo

La firma de la autógrafa por parte del Ejecutivo será decisiva para definir el futuro del Reinfo, un mecanismo que ha generado debate por su impacto en la formalización minera, el control ambiental y la lucha contra la minería ilegal.

El Gobierno ha reiterado que cualquier ampliación debe ser temporal, técnica y sin retrocesos, priorizando el orden, la legalidad y la protección de los recursos del Estado.