El fiscal superior Rafael Vela Barba alertó sobre las graves consecuencias institucionales y judiciales que traería la desarticulación del Equipo Especial Lava Jato, activo desde julio de 2018 e integrado para investigar los principales casos de corrupción y lavado de activos en el país.
Vela calificó esta posible decisión como una “ofrenda a la corrupción” y advirtió una peligrosa intromisión política en la autonomía del Ministerio Público.
En entrevista con RPP, el fiscal exhortó al titular interino del Ministerio Público a escuchar a otros fiscales del equipo, como Germán Juárez Atoche, y cuestionó el respaldo a un informe de la comisión Muñante que recomienda su remoción.
“Si no, lo que se determinaría es que, finalmente, el fiscal de la Nación interino es una mesa de partes del Congreso de la República”, sostuvo, precisando además que no ha sido notificado formalmente de ningún proceso en su contra.
Vela comparó la situación con la gestión del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien fue condenado por obstruir las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato.
El coordinador del equipo especial advirtió que incorporar nuevos fiscales en investigaciones complejas afectaría seriamente los procesos en curso.
“Tomar conocimiento de una enorme cantidad de información perjudicaría gravemente la tramitación de las investigaciones y acusaciones. Eso más bien favorece a la impunidad”, señaló.
Según explicó, los casos Lava Jato requieren continuidad, especialización y conocimiento acumulado, condiciones que se perderían con una remoción abrupta.
Consultado sobre su permanencia en el Ministerio Público, Rafael Vela no descartó renunciar si se concreta la desactivación del equipo, pese a sus 23 años de servicio en la institución.
“Siempre se abre un proceso de reflexión ante la arbitrariedad (…) Si la institución no reconoce el esfuerzo ni el liderazgo, la renuncia es una posibilidad”, afirmó.
Finalmente, Vela lamentó lo que calificó como una “degradación legislativa” que busca debilitar las herramientas de la Fiscalía frente al crimen organizado, pese a los resultados alcanzados, como condenas a altos funcionarios y recuperación de dinero para el Estado.