La violencia criminal volvió a golpear a una autoridad local. Elena Rojas Alcalde, regidora del distrito de Chicama, en la provincia de Ascope (La Libertad), fue asesinada la tarde del jueves 18 de diciembre por presuntos sicarios que irrumpieron en una chocolatada y entrega de juguetes para niños.
El atentado ocurrió alrededor de las 5:00 p. m. en una plazuela del centro poblado de Sausal. Testigos relataron que sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra la funcionaria, de 60 años, mientras participaba en la actividad navideña.
Producto de la balacera, siete personas resultaron heridas, entre ellas al menos seis menores de edad, lo que incrementó la conmoción en la población.
Luego del ataque, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado en el que informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó toda su fuerza operativa y de inteligencia para ubicar a los responsables.
“Inmediatamente sucedido el hecho se hizo un plan cerco para iniciar las diligencias policiales”, señala el pronunciamiento oficial. El sector aseguró que se actuará con firmeza hasta lograr la captura de los sicarios.
La Red Asistencial La Libertad de EsSalud confirmó que la regidora ingresó sin signos vitales al Hospital de Contingencia Chocope, donde se certificó su fallecimiento. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Ascope, con presencia de las autoridades.
En tanto, un niño de 11 años, herido de gravedad, fue trasladado de emergencia en una ambulancia del SAMU al Hospital Regional de Trujillo.
Otros dos jóvenes, de 13 y 19 años, permanecen internados en observación en Chocope y se encuentran estables, con heridas por arma de fuego en extremidades.
La Defensoría del Pueblo denunció irregularidades graves en la atención de los menores heridos. Indicó que en el Hospital II Chocope se habría exigido a una madre el pago de 50 soles antes de autorizar el traslado de su hijo, vulnerando la Ley de Emergencia.
Asimismo, alertó que en el Hospital Regional de Trujillo, una menor tuvo que ser operada con materiales comprados por su familia, pese a contar con SIS activo, debido a la falta de insumos médicos.
La entidad exigió una investigación inmediata y sanciones administrativas.
El crimen ocurre días después de un atentado previo contra la autoridad edil. El 12 de diciembre, delincuentes dejaron un cartucho de dinamita debajo de su vehículo, frente a la Municipalidad de Chicama, que no llegó a detonar.
Autoridades locales, el COER La Libertad y diversas instituciones condenaron el asesinato y exigieron celeridad en las investigaciones para que el caso no quede impune.