Una investigación periodística reveló que el Congreso de la República declaró improcedente la solicitud presentada por la expresidenta Dina Boluarte para acceder a una pensión vitalicia, beneficio que hubiera significado un pago mensual cercano a los 35 mil soles.

Según informó el programa Cuarto Poder, el Área de Asesoría Laboral del Parlamento concluyó que la exmandataria no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N.º 26519, norma que regula la entrega de pensiones a expresidentes de la República.

“Resulta improcedente la solicitud de pensión requerida por la señora Dina Ercila Boluarte Zegarra en su condición de expresidenta de la República, por sucesión presidencial”, señala el documento oficial.

Las razones de la improcedencia

El informe parlamentario sustenta su decisión en tres argumentos principales:

1. Boluarte no fue elegida por voto popular, sino que asumió la Presidencia por sucesión constitucional, tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022, luego de su intento de autogolpe.

2. La ley está orientada a reconocer a mandatarios que completaron un periodo constitucional, condición que la expresidenta no cumplió.

3. Fue destituida por el Congreso el pasado 10 de octubre, bajo la causal de incapacidad moral.

“El otorgamiento de una pensión constituye un reconocimiento a quien ejerció de manera proba y durante un periodo completo el más alto cargo del país, lo que necesariamente corresponde a un presidente elegido por mandato popular”, precisa el informe.

Otros beneficios aún en evaluación

El dominical recordó además que Dina Boluarte solicitó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, otros beneficios administrativos destinados a exjefes de Estado, como:

• Vehículo oficial de uso permanente

• Un asesor

• Personal de seguridad

• Seguro de salud privado

• Suministro mensual de 150 galones de combustible

Sobre este punto, el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera explicó que estos beneficios no están directamente ligados a la pensión vitalicia y podrían ser otorgados mediante decisiones administrativas.

“Mientras el Congreso no regule expresamente estos beneficios, ella podría seguir accediendo a ellos”, advirtió.