Un tribunal ecuatoriano condenó a once integrantes de las Fuerzas Armadas a 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de cuatro adolescentes, quienes fueron detenidos irregularmente en diciembre de 2024 en Guayaquil y días después hallados calcinados y con impactos de bala.

La sentencia también incluyó una multa de 376.000 dólares, una indemnización de 10.000 dólares para cada familia, la obligación de pedir disculpas públicas y la publicación de un extracto del fallo en un medio nacional.

Cooperación eficaz y absolución

Otros cinco soldados, que se acogieron a la delación premiada, recibieron penas reducidas de 30 meses de prisión, mientras que un teniente coronel, procesado como cómplice, fue absuelto por falta de pruebas suficientes.

La Fiscalía logró que el tribunal aceptara su pedido para dieciséis de los diecisiete procesados, marcando un precedente judicial en el país.

Cómo ocurrió la detención de los menores

El caso se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando los militares detuvieron a Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), junto a Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), tras una supuesta alerta por robo en el sur de Guayaquil.

En lugar de entregarlos a la Policía Nacional, los soldados los trasladaron a Taura, cerca de una base militar, donde los obligaron a desnudarse y los abandonaron, exponiéndolos a un alto riesgo, según determinó el tribunal.

Tratos crueles y pacto de silencio

El juez Jovanny Suárez sostuvo que los menores fueron sometidos a tratos crueles, vivieron momentos de “horror” y que existió un pacto de silencio entre los militares, quienes ocultaron la detención a sus superiores.

Testimonios de los cooperadores revelaron golpes, insultos y amenazas, e incluso un video donde un soldado le dice a uno de los adolescentes: “Agradece, negro, que no te metí un tiro”.

Caso emblemático de derechos humanos

Este proceso es el primer caso con sentencia firme por presuntas violaciones a los derechos humanos bajo el conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, periodo en el que organizaciones sociales han documentado al menos 33 casos similares.

Tras conocerse el fallo, familiares y vecinos se congregaron fuera del juzgado y celebraron al grito de “justicia”.