El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que el Ejecutivo promoverá la creación de un subsistema de justicia especializado para combatir de manera más eficaz los delitos de extorsión, sicariato y secuestro, que han registrado un fuerte incremento a nivel nacional.

El anuncio fue realizado tras la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezada por Álvarez junto al presidente de la República, José Jerí.

Articulación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial

Álvarez señaló que esta iniciativa busca articular el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de lograr procesos rápidos y sanciones efectivas contra los responsables de estos delitos.

“Se trata de establecer un subsistema que comprometa a todas las instituciones de la administración de justicia. Confiamos en que en los próximos meses se produzcan resultados positivos”, indicó el jefe del Gabinete Ministerial.

Extorsión ya no solo es crimen organizado

El titular de la PCM advirtió que, si bien la acción conjunta de la Fiscalía y la Policía ha golpeado a bandas criminales organizadas, la extorsión se ha informalizado y hoy es cometida incluso por vecinos, conocidos o trabajadores contra sus propias empresas.

“En muchos casos no se trata de grandes organizaciones, sino de personas que buscan dinero fácil extorsionando a su propio entorno”, explicó, citando informes de inteligencia policial.

Estado de emergencia en Lima y Callao

En paralelo, el Gobierno prorrogó por 30 días calendario, desde el 21 de diciembre, el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, mediante el Decreto Supremo N.º 140-2025-PCM, publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y define zonas de intervención en base a mapas del delito, inteligencia y estadísticas oficiales.

Restricción de derechos constitucionales

La norma establece la restricción o suspensión temporal de derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, con el objetivo de reforzar las acciones contra la criminalidad.