El Perú cerró el 2025 inmerso en una profunda crisis política y judicial, con hechos que evidenciaron la fragilidad de sus instituciones y el desgaste del sistema democrático. Condenas históricas a expresidentes, solicitudes de asilo político, una nueva vacancia presidencial y una Fiscalía dividida por disputas internas marcaron la agenda nacional.

A lo largo del año, las decisiones judiciales contra exmandatarios reavivaron el debate sobre la lucha contra la corrupción, mientras que los conflictos entre poderes del Estado generaron un clima de permanente confrontación. La inestabilidad política se tradujo en incertidumbre económica y en un creciente malestar social.

En paralelo, el proceso electoral comenzó a tomar forma en medio del descontento ciudadano, con nuevos y viejos liderazgos que buscan posicionarse frente a una población cansada de promesas incumplidas. La inseguridad ciudadana, la corrupción y la falta de resultados concretos se mantienen como las principales preocupaciones de los peruanos.

Así, el escenario político peruano avanza hacia un nuevo ciclo electoral entre la urgencia de cambios reales y una profunda desconfianza hacia la clase política, en un país que exige estabilidad, transparencia y respuestas efectivas.