El Perú cerró el 2025 sumido en una crisis de seguridad sin precedentes, convirtiéndose en el año más sangriento de la historia reciente, según cifras oficiales. La violencia criminal no distinguió clases sociales: mototaxistas, comerciantes, transportistas, empresarios y grandes inversionistas fueron víctimas de extorsiones, secuestros y asesinatos.
El cobro de cupos se volvió una práctica cotidiana en barrios y negocios, mientras empresarios mineros fueron secuestrados, torturados, mutilados y, en algunos casos, asesinados durante su cautiverio.
“La extorsión ha alcanzado cifras récord y ha resultado inmanejable para el Gobierno”, afirmó Ortiz Anderson, presidente de Aprosec, en declaraciones a Infobae Perú.
De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), al cierre de 2025 se registraron 2.213 homicidios, lo que representa un promedio de 6 muertes violentas por día. En comparación, en 2024 se contabilizaron 2.083 asesinatos y en 2023, 1.511.
Según el analista Juan Carbajal, cerca del 80 % de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, y más de 300 muertes violentas figuran como “ignoradas”, lo que podría elevar aún más la cifra real.
Los mayores índices de homicidios se concentraron en Lima Metropolitana y el Callao, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Puente Piedra, Villa El Salvador, Ate y San Juan de Miraflores.
En el transporte público, la violencia fue letal: 68 personas vinculadas al transporte urbano fueron asesinadas entre enero y noviembre, en su mayoría en ataques extorsivos.
Ortiz Anderson advirtió que organizaciones criminales como el Tren de Aragua estructuraron el delito por territorios y rubros. “Estas modalidades delictivas no se habían visto antes en el Perú”, sostuvo.
Por su parte, el exviceministro Ricardo Valdés señaló que las estrategias del Ejecutivo y del Ministerio del Interior no dieron resultados, calificando el estado de emergencia como un fracaso frente a las extorsiones y asesinatos.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que la violencia y el crimen organizado representaron el 2.82 % del PBI, afectando inversión, empleo y actividad comercial.
Según el INEI, el 52.2 % de los peruanos consideró la delincuencia como uno de los principales problemas del país en el primer semestre del año, reflejando una profunda sensación de miedo y desprotección.