El Gobierno descartó que el decreto de urgencia emitido para Petroperú signifique una privatización de la empresa estatal, y afirmó que se trata de una reorganización económica y financiera destinada a evitar su colapso.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que la medida busca salvaguardar los intereses del Estado y de todos los peruanos, ante la delicada situación financiera que atraviesa la petrolera.
“No es una venta ni una entrega de la empresa. Es una reorganización necesaria para que Petroperú sea autosostenible”, indicó en entrevista con Canal N.

Miralles explicó que Petroperú arrastra millonarias deudas producto de gestiones anteriores, por lo que el Ejecutivo considera urgente generar valor y corregir desequilibrios estructurales. “Queremos preservar el rol estratégico de la empresa y terminar con privilegios que no se condicen con su realidad financiera”, afirmó.

Sobre la reducción de personal, la ministra precisó que el decreto permite evaluar la situación laboral de la empresa. Reveló que el 55 % del gasto en personal no corresponde a sueldos, sino a hasta 83 tipos de beneficios adicionales, muchos de ellos desconectados de la actual capacidad económica de Petroperú.

DETALLES DEL DECRETO

La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, autoriza de manera excepcional la reorganización de los activos de Petroperú en uno o más bloques patrimoniales, lo que podría incluir la Nueva Refinería de Talara. El decreto tendrá una vigencia de un año.

Asimismo, se dispone la incorporación de Petroperú al proceso de promoción de la inversión privada, bajo la conducción de Proinversión, entidad que deberá definir la modalidad aplicable en un plazo máximo de 60 días.

Proinversión tendrá facultades para transferir activos, estructurar fideicomisos, designar un operador especializado y tomar decisiones estratégicas vinculantes para la empresa estatal.

Según cifras oficiales, las pérdidas acumuladas de Petroperú alcanzaron cerca de 300 millones de dólares hasta julio, lo que representa el 53 % de su capital social, situación que motivó la adopción de estas medidas extraordinarias.