El Congreso de la República evalúa una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, tras la aprobación del Decreto de Urgencia 010-2025, que dispone la reorganización de los activos de Petroperú en uno o más bloques patrimoniales.
La iniciativa es impulsada por la congresista Heidy Juárez, de la bancada de Podemos Perú, quien responsabiliza políticamente a la titular del MEF por un presunto desmantelamiento de Petroperú, al considerar que la norma vulnera la seguridad energética nacional y las rentas de las regiones productoras, especialmente Piura.
Según el documento, el decreto autoriza el traslado de S/ 240 millones desde el Ministerio de Energía y Minas para financiar la reorganización interna y medidas de personal, recursos que —según la moción— estaban destinados a proyectos de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial, lo que agravaría las brechas sociales en el interior del país.
Además, se cuestiona la obligación de Petroperú de transferir S/ 144 millones a Proinversión, entidad que tendría a su cargo la gestión y eventual enajenación de activos. Para los firmantes, esta medida reduce el valor patrimonial de la empresa y compromete su viabilidad operativa a largo plazo.
La moción advierte que el decreto otorga facultades discrecionales para culminar contratos de explotación, lo que podría generar una paralización técnica de pozos petroleros en el noroeste peruano, afectando los ingresos de gobiernos locales, regionales y universidades.
Asimismo, se señala que la continuidad de la Nueva Refinería de Talara, considerada un activo estratégico nacional, estaría en riesgo, lo que impactaría el abastecimiento de combustibles y el dinamismo económico del norte del país.
El documento también acusa al Ejecutivo de promover una tercerización laboral masiva y precaria, que pondría en peligro la estabilidad de miles de trabajadores y PYMES vinculadas a la cadena de hidrocarburos.
Finalmente, la moción sostiene que la ministra Denisse Miralles carece de la idoneidad técnica para liderar el sector, señalando que sus decisiones y declaraciones habrían generado incertidumbre financiera y afectado la confianza en la gestión económica del país.