El Gobierno peruano decidió reforzar la seguridad en la zona fronteriza ante el riesgo de una escalada militar o conflicto interno en Venezuela, con un mayor despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, informó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

El titular de la PCM precisó que cualquier medida adicional dependerá de la gravedad de los acontecimientos en la región, especialmente si se concreta un escenario de confrontación bélica o guerra civil en el país vecino.

“Si hay una confrontación bélica, incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos”, advirtió el premier, quien reconoció que ello implicaría mayor gasto en defensa y seguridad interior.

Postura migratoria del Gobierno

En materia migratoria, Álvarez Miranda fue enfático al señalar que el Perú no acogerá a personas vinculadas a la dictadura de Chávez o Maduro. Indicó que la prioridad del Ejecutivo es atender la crisis humanitaria de los ciudadanos venezolanos y facilitar que puedan retornar a su país para contribuir a su reconstrucción.

Plan de Seguridad Ciudadana en revisión

El jefe del Gabinete Ministerial informó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, anunciado por el presidente José Jerí, se encuentra en su fase final de revisión y será presentado en los próximos días. Destacó que el documento incorporará indicadores claros y mecanismos de seguimiento para evaluar su cumplimiento.

Asimismo, subrayó la necesidad de que el plan tenga continuidad en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno, con el objetivo de alcanzar resultados sostenibles frente a la criminalidad.

Estado de emergencia e inteligencia

Respecto a la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, el premier sostuvo que se trata de una estrategia progresiva y advirtió que los resultados no serán inmediatos. Señaló que la clave para combatir la inseguridad está en el trabajo de inteligencia policial y militar, enfocado en la desarticulación de bandas criminales organizadas.

Reorganización del INPE

Finalmente, Álvarez Miranda se refirió a la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), aclarando que no implicará despidos, sino una reconversión institucional para mejorar la disciplina y el control interno.

Reconoció que existe corrupción estructural en el sistema penitenciario, lo que ha obligado al traslado de reos de alta peligrosidad a penales como Yanamayo, y sostuvo que los internos con capacidad de dirigir organizaciones criminales deben permanecer en cárceles de máxima seguridad, bajo estricta vigilancia, para evitar que continúen delinquiendo desde prisión.