El Poder Judicial (PJ) evaluará el próximo lunes 9 de marzo la demanda de amparo interpuesta por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la que busca anular la resolución legislativa del Congreso que dispuso su inhabilitación por 10 años del ejercicio de la función pública.
La audiencia única fue programada por la Tercera Sala Constitucional de Lima y se realizará de manera virtual desde las 8:30 a. m., según la notificación judicial.
En su recurso, Delia Espinoza Valenzuela solicita que se le restituyan plenamente sus derechos fundamentales como autoridad constitucional, así como su inmediata reposición en los cargos de Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público.
Asimismo, demanda el reconocimiento del tiempo de servicio interrumpido, el pago de beneficios económicos dejados de percibir durante el periodo de inhabilitación y el pleno ejercicio de las prerrogativas y atribuciones inherentes al cargo.
La suspendida fiscal también pide que se declare la nulidad e ineficacia de la resolución legislativa que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra, por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y posible instigación a la usurpación de funciones.
Estos cargos están vinculados a la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito. No obstante, Espinoza sostiene que nunca firmó ni aprobó dicho documento, pese a que la Fiscalía le abrió una investigación preparatoria.
En su demanda, Espinoza solicita que se deje sin efecto todo lo actuado por el Congreso en el marco de la Denuncia Constitucional N.° 528, al considerar que el procedimiento parlamentario está viciado de nulidad por la presunta vulneración del derecho constitucional al debido proceso en todas sus etapas.
Además, pide que se exhorte al Parlamento a garantizar el respeto estricto del debido proceso en futuros juicios políticos, incorporando estándares jurídicos propios de un Estado de Derecho.
La Tercera Sala Constitucional de Lima determinó que la demanda de amparo cumple con los requisitos legales establecidos en el Nuevo Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Civil, por lo que fue admitida a trámite.
En ese marco, se ordenó que la demanda y sus anexos sean puestos en conocimiento del Procurador Público del Congreso, quien tendrá un plazo de 10 días para responder.
Cabe recordar que el Pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR, que inhabilita a Delia Espinoza por 10 años del ejercicio de la función pública.
La decisión se sustentó en un presunto incumplimiento del artículo único de la Ley N.° 32130, norma que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las investigaciones preliminares.