Varios ciudadanos peruanos permanecen atrapados en carreteras de Bolivia debido a los bloqueos protagonizados por manifestantes que rechazan la eliminación del subsidio a los combustibles. Uno de los casos más críticos es el de Jean Carlo Venero Campana, quien se encuentra varado junto a su esposa y su suegra, una persona de la tercera edad, en el poblado de Viacha, provincia de Ingavi, en el departamento de La Paz.

En diálogo con RPP, Venero Campana señaló que permanecen inmovilizados desde el 8 de diciembre, sin posibilidad de desplazarse hacia Copacabana ni Desaguadero, rutas clave para retornar al Perú. “Estamos bastante preocupados porque no hay forma de movilizarnos”, expresó.

El ciudadano peruano explicó que viajaban desde Cusco con destino a Uyuni, pero debieron detenerse en La Paz debido a las protestas. Al intentar regresar por la frontera sur, encontraron carreteras principales y vías alternas bloqueadas con piedras y piquetes.

La situación se agrava por las bajas temperaturas en la zona y la dificultad para conseguir alojamiento. Aunque han logrado acceder a algunos alimentos, Venero Campana advirtió que otros peruanos en regiones como Oruro, Tambillo y Laja atraviesan escenarios similares, incluso arriesgando su seguridad al circular por rutas informales.

Ante este panorama, solicitó la intervención urgente del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Pedimos ayuda para que se coordine con las autoridades bolivianas, sobre todo porque hay adultos mayores”, manifestó.

Si bien el Consulado peruano en Bolivia y la Defensoría del Pueblo ya tomaron contacto con los afectados, hasta el momento no se concretan acciones efectivas que permitan su retorno seguro. El canciller Hugo de Zela ha sido exhortado a coordinar medidas de asistencia ante el conflicto social que mantiene paralizado el tránsito en varias regiones bolivianas.

¿QUÉ OCURRE EN BOLIVIA?

Bolivia atraviesa una crisis social y económica tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, que eliminó el subsidio a los combustibles. La medida elevó el precio de la gasolina en 86% y el diésel en 162%, desatando protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos y organizaciones sociales.

Desde diciembre de 2025, se registran bloqueos de carreteras, marchas y paralizaciones, afectando el abastecimiento y el transporte. Aunque el Gobierno intentó abrir el diálogo y evaluar la suspensión temporal del decreto, las manifestaciones se intensificaron en enero de 2026, en medio de una delicada situación fiscal marcada por déficit elevado, caída de ingresos por gas y bajas reservas internacionales.