Por: Redacción Centraltv

El Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el marco del proceso que se le sigue por el caso denominado Los Socios del Callao, una presunta organización criminal que habría operado dentro del Gobierno Regional chalaco.

La decisión fue adoptada por el juez del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, tras evaluar el requerimiento presentado por el Ministerio Público, que solicitaba una medida restrictiva de libertad para asegurar la presencia del investigado durante el proceso penal.

Además de la prisión preventiva, el magistrado dispuso la ubicación y captura inmediata de Ciro Castillo, quien se encuentra en condición de no habido desde diciembre de 2025, cuando se ordenaron diligencias preliminares en su contra.

Según la investigación fiscal, Castillo Rojo habría encabezado una red dedicada a direccionar contrataciones públicas de manera irregular, favoreciendo a determinados proveedores mediante órdenes de servicio y contratos sin los debidos procedimientos de selección. Estas acciones habrían generado un perjuicio económico al Estado superior al millón de soles.

La medida judicial también alcanza a otros ocho investigados, presuntamente vinculados a la misma organización criminal, quienes enfrentarán el proceso bajo distintas restricciones mientras continúan las investigaciones.

Los delitos que se imputan a los involucrados son organización criminal y colusión agravada, en agravio del Estado, relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos dentro del Gobierno Regional del Callao y otras entidades vinculadas.

El Ministerio Público había solicitado inicialmente 36 meses de prisión preventiva; sin embargo, el juez resolvió dictar una medida de 24 meses, considerando los elementos de convicción presentados y el peligro de fuga del investigado principal.

Este caso ha generado fuerte repercusión política y judicial, al involucrar a una de las principales autoridades regionales del país y reavivar el debate sobre la lucha contra la corrupción y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la administración pública.