En medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia, el Ministerio de Defensa del Perú autorizó el envío de un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con destino a La Paz para repatriar a ciudadanos peruanos que permanecían varados y buscaban retornar de forma segura al país.
Según la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de enero, la aeronave asignada es un Boeing 737-500 FAP N.º 356, perteneciente al Grupo Aéreo N.º 8, con capacidad para trasladar a 60 personas, una cifra menor a las 70 anunciadas previamente por la cónsul adjunta del Perú en La Paz, Carmen Silva.
El documento oficial también detalla que el vuelo contará con una tripulación de 14 personas, quienes recibirán US$ 370 por concepto de viáticos por un día, lo que representa un costo total de US$ 5.180 únicamente por esa jornada de misión humanitaria.
Pese a que la Cancillería informó que los vuelos se realizarían los días 12 y 13 de enero, varios peruanos denunciaron que la promesa no se concretó. Algunos compatriotas terminaron retornando al Perú por vía terrestre, atravesando rutas afectadas por bloqueos.
Lisbeth Flores, una de las peruanas varadas en Bolivia, relató a RPP que su grupo no pudo abordar el vuelo programado para el lunes 12 de enero porque se les informó que el avión presidencial presentó una falla técnica.
“Nos ofrecieron un vuelo humanitario para sacarnos hacia Juliaca, pero luego nos dijeron que el avión se había malogrado. Aparentemente se quedó en Arequipa y tuvo que regresar a Lima”, señaló.
Según su testimonio, la cónsul comunicó posteriormente que el retorno se realizaría por tierra, situación que generó malestar entre los afectados. “A mí me pareció una mala organización”, afirmó.
La crisis en Bolivia se originó en diciembre de 2025, cuando el gobierno del presidente Rodrigo Paz eliminó el subsidio a los combustibles, provocando que los precios de la gasolina y el diésel se incrementaran hasta en un 100%.
Aunque el Ejecutivo boliviano sostiene que la medida busca “sincerar la economía”, sindicatos, organizaciones campesinas, maestros y centrales obreras iniciaron bloqueos de carreteras como medida de protesta. Hasta el momento, más de 30 rutas permanecen interrumpidas en distintas regiones del país.