El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, cuestionó el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la norma del Congreso que permitía que menores de 16 y 17 años sean juzgados como adultos por delitos graves.

La decisión del TC, hecha pública el viernes, establece que ninguna persona menor de 18 años puede ser procesada ni condenada dentro del sistema penal de adultos, ni cumplir sentencias en penales administrados por el INPE, por ser incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

Además, el tribunal ordenó que los adolescentes de 16 y 17 años que actualmente se encuentren en penales para adultos sean trasladados de inmediato a centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, bajo la administración del PRONACEJ.

“Un retroceso muy funesto”

Tras conocerse el fallo, Arriola calificó la decisión como un “retroceso muy funesto” en la lucha contra la criminalidad, señalando que una visión centrada únicamente en los derechos fundamentales garantistas no contribuye a frenar la violencia.

“Estas personas con estas edades siembran el terror, el caos y la zozobra. Una mirada solo desde los derechos fundamentales no ayudaría en absolutamente nada en esta lucha”, sostuvo el alto mando policial.

El comandante general advirtió que la decisión tendrá consecuencias visibles en materia de seguridad ciudadana, aunque reconoció que su opinión podría generar cuestionamientos.

“Yo considero que sí es un retroceso, y muy funesto, que va a traer consecuencias y ustedes las van a ver”, afirmó.

Respeto a la Constitución

Pese a sus críticas, Arriola remarcó que la PNP respeta las normas y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en su calidad de máximo intérprete de la Constitución Política del Perú.

Las declaraciones fueron brindadas durante un operativo policial en San Juan de Miraflores, donde se logró la captura de una banda criminal que incluía a tres menores de edad, cuyas edades oscilaban entre 15 y 17 años, hecho que —según el general— evidencia la complejidad del problema de la delincuencia juvenil en el país.