Por: Redacción Central

El presidente de la República, José Jerí, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la designación de María Isabel Paredes Velásquez como directora de la Dirección de Inteligencia Inspectiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), un área considerada estratégica para la supervisión del cumplimiento de los derechos laborales en el país.

El nombramiento fue oficializado mediante resolución administrativa emitida el 23 de diciembre de 2025. Si bien la funcionaria cuenta con experiencia previa en el sector público, la controversia se originó por la cercanía personal que mantenía con el mandatario antes de su designación, evidenciada a través de interacciones en redes sociales, particularmente en Instagram.

Usuarios y analistas políticos advirtieron que el presidente había reaccionado a diversas publicaciones personales de Paredes Velásquez, lo que generó dudas sobre si el nombramiento respondió estrictamente a criterios técnicos y meritocráticos o si estuvo influido por vínculos personales previos.

La Dirección de Inteligencia Inspectiva de Sunafil cumple un rol clave en la recopilación y análisis de información para la fiscalización laboral, por lo que distintos sectores consideran que su conducción debe recaer en perfiles con alta especialización técnica e independencia política, a fin de garantizar la objetividad de los procesos de supervisión.

Paredes Velásquez es abogada y ha trabajado anteriormente en entidades del Estado como el Congreso de la República y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. No obstante, la coincidencia entre su designación y la relación previa con el presidente ha reavivado el debate público sobre la transparencia en los nombramientos de funcionarios de confianza.

Especialistas en gestión pública advierten que este tipo de situaciones puede afectar la credibilidad de las instituciones, especialmente aquellas encargadas de fiscalizar y sancionar incumplimientos, como es el caso de Sunafil. Asimismo, subrayan la necesidad de reforzar mecanismos claros de selección que prioricen el mérito profesional y reduzcan cualquier percepción de favoritismo.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo no se ha emitido un pronunciamiento oficial que explique de manera detallada los criterios utilizados para la designación. El caso continúa generando debate en el ámbito político y en la opinión pública, en un contexto de alta sensibilidad frente a la transparencia y la ética en la función pública.