Las explicaciones en torno a las reuniones extraoficiales entre el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang y el presidente interino José Jerí continúan generando interrogantes, luego de que el propio Yang desautorizara públicamente a su exabogado, Elio Riera, apenas horas después de haber asumido su defensa.

El pronunciamiento del empresario fue difundido mientras Jerí acudía a la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde aseguró que los encuentros no tuvieron fines irregulares. En el comunicado, Yang negó haber solicitado favores al mandatario y afirmó que las grabaciones de dichas reuniones fueron realizadas y difundidas sin su consentimiento.

Además, sostuvo que no se trataron temas comerciales ni empresariales y aclaró que Riera y el abogado Edwin de la Cruz ya no lo representan legalmente, señalando que cualquier declaración realizada por ellos fue “a título personal”.

Sin embargo, Elio Riera contradijo esta versión y afirmó en diálogo con Infobae Perú que Yang llegó a su estudio “asustado” por la investigación fiscal y que, tras una reunión de aproximadamente tres horas, ambos firmaron un contrato de representación legal.

El abogado advirtió que, de no corregirse lo señalado en el comunicado, podría verse obligado a exponer videos que confirmarían el ingreso del empresario a su despacho, lo que abriría un nuevo capítulo en la controversia.

Riera también explicó que decidió retirarse del caso por diferencias con la estrategia legal del empresario, aunque evitó dar mayores detalles por tratarse de información protegida por el secreto profesional.

Cabe recordar que el letrado había declarado previamente que existió una insistencia por parte de José Jerí para concretar los encuentros, versión que el empresario niega. Según Riera, existen chats y comunicaciones que demostrarían que Yang no buscó al mandatario y que estos serían entregados al Ministerio Público para su verificación.

Por su parte, José Jerí calificó el caso como un intento de desestabilización, negó haber cometido irregularidades y sostuvo que la primera reunión fue circunstancial.

Con versiones enfrentadas, pruebas aún en evaluación y una investigación en curso, el caso continúa bajo observación del Congreso y la Fiscalía, mientras persisten las dudas sobre el verdadero alcance de estos encuentros no oficiales.