El congresista y precandidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, planteó recientemente la posibilidad de indultar al expresidente Pedro Castillo a pesar de reconocer que este intentó un golpe de Estado y haber votado por su vacancia en diciembre de 2022. Luna calificó el tema como político y dijo que la medida podría contribuir a la pacificación nacional.

Durante una intervención pública, Luna afirmó que, aunque Castillo cometió un intento de quebrar el orden constitucional —reconocido incluso por su propio partido en su momento—, la prioridad debería ser restaurar la calma social y política en el país. Según él, conceder el indulto es una forma de diálogo que evitaría que la polarización derive en violencia o mayor inestabilidad.

“La prioridad es pacificar el Perú… si no hay tranquilidad y paz, no hay Perú posible”, señaló Luna, subrayando que su posición responde a consideraciones políticas y no judiciales.

Contradicción con postura pasada

La actual propuesta de Luna contrasta con la postura adoptada por Podemos Perú durante la crisis política de diciembre de 2022. En aquella ocasión, la organización emitió comunicados oficiales rechazando de forma contundente el intento de golpe de Estado de Castillo, calificándolo de ruptura del orden constitucional e instando a defender la democracia.

Luna, además, votó a favor de la vacancia de Castillo cuando este intentó disolver el Congreso y asumir un gobierno de excepción, un hecho que muchos sectores calificaron como un “golpe de Estado”. En esa oportunidad, su partido afirmó su compromiso con la democracia y exhortó a sus bases a mantenerse alertas ante el intento de concentración de poder.

Debate político y social

La propuesta de indultar a Castillo ha generado debate en el ámbito político y entre la ciudadanía, en un contexto en que las tensiones entre distintos grupos sociales y partidos políticos siguen siendo altas. Para algunos, un indulto político podría aliviar tensiones superficiales; para otros, se trata de una medida contradictoria que socava el principio de rendición de cuentas por actos que atentaron contra la institucionalidad.

Este planteamiento se produce en plena carrera hacia las elecciones generales de 2026, donde la polarización y la memoria de los eventos de diciembre de 2022 siguen marcando discursos y propuestas de varios candidatos.