La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida contra el juez Alain Salas, especializado en el distrito judicial de Acobamba, por el delito de prevaricato de derecho, tras demostrar que emitió resoluciones contrarias a la ley que beneficiaron al exgobernador de Junín y candidato presidencial prófugo, Vladimir Cerrón.

Según la investigación fiscal realizada por la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica, el magistrado admitió y resolvió una demanda de hábeas corpus a favor de Cerrón, anulando una sentencia condenatoria que no era firme y que además tenía un recurso de casación pendiente de resolución por parte del Ministerio Público, lo que contraviene lo establecido en el Código Procesal Constitucional.

Durante el juicio, la Fiscalía probó que Salas omitió deliberadamente verificar el estado real del proceso penal y que no presentó una motivación jurídica razonada, elementos que configuraron el delito de prevaricato de derecho, que sanciona a jueces que dictan resoluciones flagrantemente contrarias a la ley.

Tras la confirmación de la sentencia, la Corte Suprema también incrementó el monto de la reparación civil a favor del Estado de S/5.000, en lugar de los S/3.000 iniciales, reafirmando la responsabilidad del exjuez por el perjuicio causado al sistema judicial.

Este fallo representa un mensaje claro sobre la importancia de la imparcialidad y el respeto a la ley por parte de jueces y autoridades, especialmente en casos de alto impacto político y judicial en el país.