El gobierno peruano aprobó un Decreto Legislativo que actualiza las reglas para el uso de numeración en servicios de telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de llamadas comerciales y ahora de los mensajes de texto, conocidos popularmente como “spam”. La medida se da tras siete meses de demora en la implementación del reglamento que debía permitir identificar este tipo de comunicaciones con el prefijo 500, según lo establecido por la legislación vigente.

La nueva norma —llamada Decreto Legislativo N.º 1723— establece que las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, así como otros agentes vinculados en el enrutamiento de comunicaciones, deben asegurar la trazabilidad de todas las llamadas y mensajes de texto con fines comerciales o publicitarios, con el fin de que los usuarios puedan reconocer el origen real de la comunicación y reducir riesgos de fraudes, estafas y suplantación de identidad.

Este decreto también faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para monitorear de forma constante las redes y los sistemas de gestión de llamadas y SMS, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas y proteger a los usuarios de prácticas ilícitas sin vulnerar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones.

Aunque la ley original que busca identificar llamadas “spam” con un prefijo específico fue aprobada en 2025, el reglamento complementario requerido para su puesta en marcha aún no ha sido publicado oficialmente, incluso después de que venciera el plazo legal previsto en julio pasado. La nueva norma no solo mantiene la identificación de las llamadas sino que agrega la trazabilidad de mensajes SMS, un elemento que no estaba contemplado en el proyecto inicial del MTC.

El MTC tiene ahora un plazo máximo de 90 días calendario desde la publicación de la norma para emitir el reglamento correspondiente, lo que permitirá finalmente la aplicación práctica de estos mecanismos de identificación y control en beneficio de los usuarios de servicios de telefonía móvil y fija.

El atraso en implementar estas reglas llega en un contexto donde usuarios y defensores de derechos del consumidor han exigido mayor control de los mensajes y llamadas no solicitadas, ante el creciente número de comunicaciones intrusivas que afectan la tranquilidad y seguridad de los peruanos.