En los últimos meses, autoridades y ciudadanos han advertido una creciente oferta de documentos académicos apócrifos en redes sociales, donde **mafias contactan interesados por WhatsApp para vender certificados de estudios y títulos universitarios por hasta S/1 500 sin que la persona haya cursado clases ni cumplido requisitos formales.
Los estafadores suelen prometer que los documentos quedarán “registrados y validados” en el sistema de la **Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el Ministerio de Educación, aunque estas afirmaciones son falsas y no tienen respaldo oficial.
Según el informe, el procedimiento para quienes caen en la estafa es sencillo: tras responder a una publicación o mensaje, se acuerda el pago —generalmente por transferencia digital— y en pocas horas se recibe un PDF con el supuesto título o certificado, con la posibilidad de elegir el nombre de la institución, calificaciones y otros detalles académicos.
Especialistas y voceros oficiales han subrayado que no existe un mecanismo legítimo para incorporar documentos en los sistemas oficiales mediante un chat o pago rápido, y que la Sunedu y el Ministerio de Educación cuentan con protocolos y controles rigurosos para la emisión de títulos y certificados académicos auténticos.
La Contraloría General de la República anunció que reforzará las labores de control interno para detectar y sancionar estos ilícitos, aunque la fiscalización aún enfrenta desafíos por la naturaleza digital de estas mafias y el anonimato que ofrecen las plataformas de mensajería.
Las autoridades advierten que quienes adquieren estos documentos no solo pierden dinero, sino que pueden enfrentar consecuencias legales y profesionales, ya que dichos títulos carecen de reconocimiento oficial y no sirven para acceder a estudios superiores ni a empleos formales.
El fenómeno pone en evidencia los riesgos de las estafas digitales y la necesidad de mayor cultura de verificación, así como la importancia de tramitar cualquier documento académico únicamente a través de canales oficiales de las instituciones educativas y entidades reguladoras.