La minería ilegal se ha convertido en el principal motor del lavado de activos en el Perú, según cifras oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) identificaron operaciones sospechosas por USD 11 969.7 millones, un monto que supera ampliamente los presupuestos anuales de varios ministerios.
De acuerdo con el análisis, el 55 % del dinero ilícito tiene como delito precedente la minería ilegal, lo que confirma que la extracción informal de oro no solo genera daños ambientales, sino que alimenta complejas redes financieras criminales.
Además:
48 % del monto corresponde al uso de recursos ilícitos vinculados a inversiones en el sector minero.
21 % se canaliza mediante productos financieros y de inversión como cuentas bancarias y transferencias.
El patrón evidencia que el dinero no se queda en las zonas de extracción, sino que ingresa al sistema formal a través de empresas, compra de activos y movimientos bancarios diseñados para ocultar su origen.
Entre 2015 y 2025, la UIF-Perú recibió 170 553 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos, cooperativas, notarios, casas de cambio y otras entidades obligadas.
Cada ROS representa movimientos que:
No guardan relación con la capacidad económica del usuario.
Presentan patrones inusuales.
Están vinculados a actividades de alto riesgo.
Aunque no todos terminan en procesos judiciales, el volumen refleja la presión constante del crimen organizado sobre el sistema financiero.
La dimensión del fenómeno es aún mayor al considerar las comunicaciones de inteligencia financiera nacional e internacional, que entre 2015 y 2025 involucraron USD 204 580.7 millones.
En ese universo:
39 % está vinculado a minería ilegal.
16 % a delitos contra la administración pública.
10 % al tráfico ilícito de drogas.
4 % a delitos contra el patrimonio.
31 % a otros delitos.
Esto confirma que el oro ilegal se articula con otras economías criminales, desde la corrupción hasta el narcotráfico.
Durante años, la minería ilegal fue vista principalmente como un tema ambiental o laboral. Sin embargo, las cifras actuales la posicionan como una de las mayores amenazas económicas y de seguridad para el Estado.
El dinero lavado mediante esta actividad financia extorsiones, compra de armas, corrupción y control territorial, especialmente en regiones como La Libertad, Pataz, Madre de Dios, Amazonas y el sur andino.
En términos prácticos, cada dólar que logra ingresar al sistema financiero fortalece la capacidad operativa del crimen organizado en el Perú.