La declaratoria de emergencia en el suministro de gas natural en el Perú ya impacta directamente al transporte urbano. Desde la noche del domingo, decenas de conductores —principalmente taxistas— realizaron largas colas en grifos ante la restricción del Gas Natural Vehicular (GNV).
En varios puntos de Lima, las filas alcanzaron varias cuadras y el precio del combustible alternativo se elevó considerablemente. Para miles de choferes, el cambio temporal a gasolina implica triplicar su gasto mensual, lo que anticipa un alza en las tarifas para los usuarios.
La medida responde a la fuga y deflagración registrada el 1 de marzo en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea, en Megantoni (Cusco), que obligó a paralizar parte del sistema energético.
En medio de la crisis, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Angelo Alfaro, pidió a los conductores migrar temporalmente a combustibles alternativos.
“Tendrán que echar gasolina”, advirtió el ministro al referirse a los vehículos que no podrán abastecerse de GNV durante la contingencia.
El funcionario también alertó que el Ejecutivo evalúa medidas drásticas contra la especulación en los precios y no descartó la contratación de un buque de gas si el desabastecimiento se prolonga.
El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural del 1 al 14 de marzo, priorizando:
Hogares
Comercios esenciales
Transporte público masivo
Según la resolución oficial, el volumen disponible se asignará preferentemente al mercado interno mientras se normalizan las operaciones del sistema.
Sin embargo, más de 335 mil vehículos livianos en Lima y Callao quedaron fuera de la distribución prioritaria, lo que concentra el impacto económico en taxistas y conductores particulares.
La interrupción del gas también afectó la generación eléctrica. Varias centrales termoeléctricas a gas quedaron fuera de servicio y el mercado mayorista de electricidad se disparó por encima de los 200 dólares por MWh.
Pese al fuerte incremento de costos, las autoridades aseguran que no existe riesgo de racionamiento eléctrico, debido a la activación de plantas de respaldo a diésel.
Mientras el Gobierno insiste en que la situación está bajo control, gremios de transporte y usuarios advierten que el impacto ya se siente en el bolsillo.
Conductores piden:
reposición rápida del GNV,
fiscalización real de precios,
y medidas de apoyo ante el incremento de costos.
La duración de la emergencia dependerá de la reparación del ducto de Camisea, cuyos trabajos —según antecedentes— podrían tomar entre tres y cuatro días, aunque aún no hay una fecha oficial de normalización.