La deflagración registrada el pasado 1 de marzo en el gasoducto del sistema Camisea, en el distrito de Megantoni (provincia de La Convención, Cusco), no solo generó problemas de abastecimiento de GNV en Lima, sino que también dejó serias afectaciones a la salud de la población y posibles impactos ambientales, según reportes locales.

Al menos 500 personas presentan síntomas

El incidente impactó principalmente a las comunidades de Kitaparay y Saringabeni, donde aproximadamente 500 personas de unas 60 familias reportan molestias como:

• dolor de cabeza

• dolor de garganta

• vómitos

• mareos

• irritación ocular

De acuerdo con el teniente gobernador de Kitaparay, Abraham Taracaya, los síntomas comenzaron el mismo día del accidente y se prolongaron en los días posteriores.

El dirigente señaló a TV Perú que la exposición al gas y al humo tras la explosión habría provocado estas afecciones. En paralelo, autoridades de Saringabeni advirtieron posible riesgo de contaminación del río local.

Comunidades exigen atención urgente y transparencia

Las familias afectadas demandan:

• evaluación médica inmediata

• presencia de brigadas especializadas

• monitoreo ambiental independiente

• información clara sobre las causas del accidente

Además, líderes comunales y el regidor Jhon Luna pidieron que Transportadora de Gas del Perú (TGP) y las autoridades sanitarias adopten medidas técnicas para evitar nuevos incidentes.

También solicitaron que, de corresponder, se otorgue un resarcimiento económico a las familias perjudicadas.

Zona remota complica la emergencia

Las labores de reparación del gasoducto enfrentan serias dificultades logísticas debido a que la infraestructura atraviesa selva virgen sin carreteras.

Según reportes difundidos por TV Perú:

• el traslado de maquinaria pesada solo es posible por helicóptero

• el transporte fluvial resulta inviable por las condiciones del río

• la dispersión de comunidades dificulta la atención sanitaria

Ante este escenario, TGP y el consorcio responsable solicitaron apoyo del Ejército del Perú y la Fuerza Aérea del Perú para la movilización aérea.

El plazo estimado para reparar el ducto y restablecer condiciones seguras es de 14 días, aunque ya se reportan retrasos en la llegada de equipos y personal técnico.

Preocupación por impacto ambiental

Representantes de Kitaparay y Saringabeni insistieron en la necesidad de una evaluación integral e independiente del daño ambiental, con participación de las propias comunidades.

Taracaya indicó que los representantes de TGP llegaron dos días después del accidente, lo que incrementó la preocupación local.

Mientras tanto, autoridades municipales y de Defensa Civil en Megantoni han activado acciones de contingencia y brindan apoyo inicial; sin embargo, la población insiste en que la prioridad debe ser la salud, la transparencia y la prevención de nuevos riesgos.