Una comisión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que el traslado forzoso de miles de niños ucranianos a territorios controlados por Rusia constituye un crimen contra la humanidad, según un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El documento fue elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania, que analizó múltiples casos de menores trasladados desde zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia.

Más de 1.200 traslados documentados

El informe recoge al menos 1.205 transferencias o deportaciones de menores de entre 11 meses y 17 años, de los cuales alrededor del 80 % aún no han regresado a Ucrania.

De acuerdo con la investigación, 995 de estos casos corresponden a niños trasladados desde territorios ocupados de Lugansk y Donetsk hacia territorio ruso poco después de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022.

Los menores procedían de cinco regiones ucranianas: Donetsk, Lugansk, Mykolaiv, Kherson y Kharkiv.

Inicialmente, las autoridades rusas justificaron los traslados como evacuaciones para garantizar la seguridad de los menores, pero los investigadores concluyeron que muchos de estos desplazamientos no fueron temporales.

Señalan responsabilidad de autoridades rusas

El informe sostiene que las deportaciones habrían sido coordinadas por altos niveles del gobierno ruso, incluido el presidente Vladimir Putin.

Según el documento, las autoridades rusas organizaron mecanismos para facilitar la permanencia prolongada de los menores en territorio ruso, lo que refuerza la conclusión de que se trató de una práctica sistemática y extendida.

Adopciones y traslados a regiones lejanas

La investigación señala que muchos niños fueron adoptados por familias rusas o enviados a internados en al menos 21 divisiones administrativas de Rusia.

Algunos de estos menores terminaron en regiones muy alejadas de Ucrania, como Murmansk o el distrito autónomo de Yamalo-Nenets en el Ártico, así como en zonas de Siberia como Tyumen, Omsk y Novosibirsk.

Denuncian desapariciones forzadas

Los investigadores también señalaron que en la mayoría de los casos los padres, familiares o autoridades ucranianas no fueron informados sobre el paradero de los menores.

Debido al carácter coercitivo de muchos traslados y la falta de información sobre los niños, la comisión concluyó que los menores también han sido víctimas de desaparición forzada, lo que refuerza la acusación de crímenes contra la humanidad contra las autoridades rusas.