La Comisión de Justicia del Congreso se prepara para debatir una serie de iniciativas legislativas que, según algunos parlamentarios de oposición, podrían debilitar las herramientas del Estado para investigar delitos complejos.

Entre los proyectos que figuran en agenda se encuentran el PL 07127/2023-CR, PL 11750/2024-CR y PL 13424/2025-CR, que plantean cambios en los procesos judiciales contra altos funcionarios y en la organización interna del Ministerio Público.

La congresista Ruth Luque advirtió que estas propuestas podrían afectar la capacidad de fiscales y jueces para investigar redes criminales infiltradas en el Estado.

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Proponen limitar quién puede investigar a altos funcionarios

Uno de los puntos más cuestionados es la propuesta para que solo fiscales y jueces supremos titulares puedan investigar y juzgar a altos funcionarios, como congresistas, ministros o incluso al presidente de la República.

Actualmente, estos casos pueden ser asumidos por un número mayor de magistrados dentro del sistema judicial, lo que permite distribuir la carga procesal.

Con la modificación planteada, la cantidad de operadores de justicia que podrían asumir estos casos se reduciría considerablemente, concentrando las investigaciones en un grupo muy limitado.

Críticos de la propuesta advierten que esta medida podría generar cuellos de botella en los procesos o abrir la puerta a presiones políticas, especialmente tras antecedentes como el caso Cuellos Blancos del Puerto.

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En riesgo los equipos especiales de fiscales

Otra iniciativa que ha generado controversia es el PL 13424/2025-CR, que propone derogar los artículos 80-A y 80-B de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Estas normas permiten la creación de equipos especiales de fiscales para investigar casos complejos, como ocurrió con el Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigar una de las mayores redes de corrupción en América Latina.

De aprobarse el proyecto, las investigaciones quedarían en manos de fiscalías ordinarias, lo que —según especialistas— podría dificultar la investigación de delitos de alta complejidad como el crimen organizado.

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Cambios procesales que podrían retrasar investigaciones

Las propuestas también plantean modificaciones en el Código Procesal Penal que podrían afectar el avance de procesos judiciales.

Entre los cambios se incluyen:

• Suspender automáticamente los procesos cuando exista un conflicto sobre qué fiscal o juez debe asumir un caso.

• Declarar nulos los actos procesales si posteriormente se determina que el magistrado no tenía competencia.

• Limitar la posibilidad de modificar la calificación del delito durante el juicio, incluso si aparecen nuevas pruebas.

Especialistas advierten que estas medidas podrían ser utilizadas para dilatar procesos judiciales, especialmente en casos vinculados a crimen organizado y corrupción.

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Proyectos aún pendientes de debate final

Durante la última sesión de la Comisión de Justicia, solo se revisó el PL 13424/2025-CR. Sin embargo, las otras iniciativas aún están pendientes de dictamen.

Si reciben luz verde en la comisión, los proyectos pasarían al debate en el Pleno del Congreso, donde se definirá si las reformas se convierten o no en ley.

El debate ocurre en medio de crecientes cuestionamientos sobre el impacto que estas reformas podrían tener en la lucha contra la corrupción y la capacidad del sistema judicial para enfrentar redes criminales dentro del Estado.