Un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la SUNAT permitió incautar un camión cargado con cigarrillos y ropa de contrabando en la carretera Desaguadero–Moquegua, a la altura del distrito de Santa Rosa.
La intervención se realizó en el kilómetro 188 de la vía binacional, donde los agentes interceptaron un semirremolque de placa boliviana 5003BZI/BF06303 que se dirigía desde Desaguadero con destino a Lima.
El vehículo era conducido por Justo Soto Aquino, ciudadano boliviano de 46 años.
Durante la intervención, el conductor intentó justificar la legalidad de la carga presentando una constancia de nacionalización con fecha 5 de marzo.
Sin embargo, los agentes detectaron inconsistencias en el documento, por lo que realizaron una inspección detallada del vehículo.
Personal del Área de la Policía Fiscal (AREPOFIS) y de Aduanas halló cientos de cajas con cigarrillos de origen paraguayo y prendas de vestir, sin documentación que acreditara su ingreso legal al país.
Tras el conteo de la mercadería, las autoridades confirmaron la incautación de:
3.820.000 cigarrillos de diversas marcas
75.216 prendas interiores
El cargamento ilegal fue valorizado en más de 8,8 millones de soles.
Las autoridades advirtieron que el contrabando de cigarrillos y ropa usada forma parte de economías ilegales más amplias, operadas por organizaciones criminales transnacionales.
Estas redes utilizan las mismas rutas logísticas empleadas para otros delitos, como tráfico de drogas, armas, trata de personas y minería ilegal.
Se estima que el contrabando que ingresa por la frontera de Puno genera pérdidas superiores a los 600 millones de dólares al año, siendo este punto uno de los principales accesos de mercancía ilegal al Perú, especialmente cigarrillos provenientes de Paraguay.
El Poder Judicial del Perú dictó nueve meses de prisión preventiva contra Justo Soto Aquino, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de contrabando.
La medida fue adoptada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román.
Durante la audiencia, el conductor declaró que fue contratado por dos personas que le aseguraron que la carga había ingresado legalmente al país y que incluso le entregaron la constancia de nacionalización, documento que posteriormente resultó ser falso.
El caso continúa en investigación y la Policía Nacional del Perú junto con la SUNAT realizan diligencias para identificar a los demás integrantes de la red de contrabando.
Las autoridades buscan determinar el alcance de la organización responsable del traslado y distribución de la mercadería ilegal en el país.