La empresa estatal Petroperú atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El 25 de marzo de 2026, la Junta General de Accionistas —integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)— formalizó la renuncia de Edgar Zamalloa Gallegos como presidente del directorio y de Miguel Flores Bahamonde como director.

En su reemplazo, fue designado Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio, junto a Richard Almerco como director independiente, cargos que asumieron desde el 26 de marzo. Los nombramientos fueron comunicados a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Rescate en evaluación: hasta USD 2.000 millones

El principal problema de Petroperú es su delicada situación financiera. Su ratio patrimonial se ubica cerca del 55%, muy próximo al límite de 67% de pérdidas establecido por la ley, umbral que implicaría insolvencia y posible liquidación.

Ante este escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa alternativas para evitar el colapso. Entre ellas destaca una inyección de capital de hasta USD 2.000 millones, que permitiría reducir el ratio a aproximadamente 40%.

Otra opción es un aval estatal para facilitar financiamiento en la banca privada, aunque esta medida podría incrementar la deuda y agravar la situación a mediano plazo. También se analiza un reperfilamiento de deuda con bancos y bonistas.

El nuevo titular del MEF, Rodolfo Acuña, es visto como favorable a una intervención estatal para sostener la empresa.

Problemas de liquidez: operaciones en riesgo

La crisis de caja es tan severa que Petroperú no tendría liquidez suficiente para operar más de una semana sin nuevas medidas. Actualmente, la empresa recurre a esquemas de precompra, donde los clientes pagan por adelantado y la Refinería de Talara procesa y entrega el producto posteriormente.

Además, se evalúan paradas programadas de unidades, así como el cierre temporal de terminales no rentables, como Ilo y El Milagro, para reducir costos y preservar recursos.

Cuestionamientos internos y presunta corrupción

Dentro de la empresa, existen críticas a la gestión saliente por falta de control del directorio y excesiva autonomía del gerente general Gustavo Villa.

Fuentes externas señalan presuntos actos de corrupción: algunos proveedores habrían tenido que pagar hasta un 10% de comisión ilegal para acelerar el cobro de facturas.

La inestabilidad también es evidente: Petroperú ha tenido 16 presidentes en 10 años, afectando la continuidad de su gestión y la confianza del mercado.

Presión política y social: riesgo de paro nacional

El contexto se agrava con la presión de sindicatos y transportistas. Días antes, el presidente José Balcázar se reunió con gremios y anunció un aval estatal y la posible derogación del Decreto de Urgencia 010-2025, que regula la escisión de activos.

La medida busca evitar la privatización de activos estratégicos, como refinerías y terminales. Sin embargo, enfrenta presiones del sector empresarial.

Los gremios de transporte respaldaron el anuncio, pero advirtieron que la crisis podría desencadenar un paro nacional, exigiendo estabilidad en los precios de combustibles y la continuidad operativa de la petrolera.

Escenario incierto

Con cambios en su directorio, falta de liquidez, riesgo de insolvencia y presión social creciente, Petroperú enfrenta días decisivos. Las medidas que adopte el Gobierno serán clave para definir si la empresa logra estabilizarse o entra en una crisis mayor con impacto en toda la economía peruana.