El juez federal Alvin Hellerstein rechazó este jueves la solicitud de la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores para desestimar el caso por narcotráfico, permitiendo que el proceso judicial continúe en Estados Unidos.
Durante la audiencia en Nueva York, el magistrado fue categórico: “No voy a desestimar el caso”, marcando un nuevo avance en uno de los juicios más complejos contra exautoridades latinoamericanas.
Los abogados del matrimonio argumentaron que sus clientes no pueden costear su defensa debido a restricciones que les impiden usar fondos del Estado venezolano.
Según la defensa, esto vulnera su derecho a elegir representación legal, ya que no cuentan con recursos propios para pagar honorarios.
Sin embargo, la corte decidió continuar con el proceso mientras se resuelven estos cuestionamientos legales.
Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos:
Por su parte, Cilia Flores está acusada de delitos vinculados a tráfico de drogas y posesión de armas.
Ambos se han declarado “no culpables” y sostienen que el proceso tiene motivaciones políticas.
La pareja fue detenida a inicios de 2026 en Caracas y trasladada a Nueva York, donde permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.
El caso, iniciado en tribunales federales estadounidenses, está vinculado a investigaciones sobre redes de narcotráfico internacional y presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Especialistas señalan que el juicio formal podría comenzar en uno o dos años, debido a la complejidad del caso y a las disputas legales en curso.
El juez Hellerstein, de 92 años y con amplia experiencia en procesos de alto perfil, será el encargado de dirigir el caso hasta su resolución.
La audiencia se desarrolló en medio de manifestaciones a favor y en contra de Maduro en los exteriores del tribunal en Nueva York.
Mientras simpatizantes denuncian una detención ilegal, opositores exigen que se haga justicia por los presuntos delitos.
El proceso contra Maduro y Flores representa un hito judicial sin precedentes, con implicancias políticas y diplomáticas en América Latina.
La decisión del juez de continuar el caso mantiene abierta una investigación que podría redefinir el escenario político venezolano y sentar precedentes en la lucha contra el narcotráfico internacional.