El Poder Judicial dispuso ampliar por 12 meses la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por presuntamente liderar una organización criminal durante su gestión.
La medida fue adoptada por el juez supremo Edhin Campos, quien acogió el pedido del Ministerio Público al considerar que se trata de un caso complejo y que persiste un alto riesgo de fuga.
El magistrado argumentó que el peligro de que Castillo evada la justicia no solo continúa, sino que se ha incrementado tras la condena de 11 años y 5 meses que pesa en su contra por el delito de conspiración para la rebelión.
Según el fallo, esta sentencia concreta aumenta el incentivo de evasión, ya que podría consolidar una larga privación de libertad en caso de ser confirmada en segunda instancia.
Además, el juzgado advirtió sobre un “entorno internacional favorable” para una eventual fuga, al mencionar pronunciamientos de México durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que han cuestionado el proceso contra el exmandatario.
De acuerdo con la Fiscalía, Pedro Castillo habría encabezado una estructura criminal enquistada en diversas entidades del Estado, como:
El objetivo de esta red habría sido copar cargos clave y direccionar contrataciones públicas en beneficio de allegados.
El exmandatario enfrenta múltiples acusaciones, entre ellas:
Según el Ministerio Público, habría utilizado su posición para intervenir en procesos de contratación, favoreciendo a determinadas empresas y generando perjuicio al Estado.
En el caso de Provías Descentralizado, la Fiscalía sostiene que se habrían manipulado licitaciones para beneficiar a empresarios afines.
El juzgado concluyó que existe un riesgo real, concreto y actual de fuga, lo que podría afectar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la pena.
Por ello, determinó que la prolongación de la prisión preventiva es necesaria para garantizar la continuidad de la investigación.
Con esta decisión, Pedro Castillo continuará recluido mientras avanzan las investigaciones por uno de los casos de presunta corrupción más relevantes en la política reciente del Perú.