El Poder Judicial confirmó la prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Villar, al considerar que existen riesgos de fuga y obstaculización de la investigación, además de no cumplirse todos los requisitos para suspender la pena.
La decisión fue adoptada por la Sala de Apelaciones, que evaluó el pedido de la defensa para aplicar el Decreto Legislativo 1585, norma que permite suspender una condena bajo ciertas condiciones.
La defensa de Villar argumentó que su patrocinado cumplía con los requisitos establecidos en la ley, como ser menor de 25 años y no contar con antecedentes penales, por lo que solicitó la suspensión de la pena.
Sin embargo, el tribunal determinó que, aunque se cumplen estos dos criterios, no se acredita un pronóstico favorable de conducta futura, requisito clave para acceder a este beneficio.
Uno de los puntos más relevantes para la decisión judicial fue la conducta del investigado tras el hecho.
Según la resolución, Adrián Villar huyó del lugar del accidente, se cambió de ropa y regresó a la escena, lo que impide anticipar que no volverá a delinquir.
“No resulta posible anticipar un pronóstico favorable de conducta futura”, señala el documento judicial, que advierte una alta probabilidad de que se imponga una condena efectiva.
La Sala también confirmó que existe un alto riesgo de fuga, debido a que Villar no cuenta con todos los arraigos necesarios.
Asimismo, se advirtió una posible obstaculización de la investigación, ya que el imputado habría manipulado su celular antes de entregarlo a las autoridades.
Estos elementos, según el tribunal, refuerzan la necesidad de mantener la medida restrictiva.
El colegiado concluyó que la prisión preventiva es proporcional y necesaria, debido a la gravedad de los hechos y a los riesgos detectados.
Además, descartó que medidas alternativas, como la detención domiciliaria o el uso de grilletes electrónicos, sean suficientes para garantizar el proceso.
Con esta decisión, Adrián Villar permanecerá en prisión preventiva por un plazo de nueve meses, periodo en el cual la Fiscalía deberá culminar la investigación, presentar la acusación y avanzar hacia el juicio.