Un megaoperativo ejecutado durante la madrugada por la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, permitió la captura de 18 presuntos integrantes de la organización criminal denominada ‘Cuentas del miedo’, dedicada a la extorsión de empresas de transporte en Lima.

La intervención se realizó de manera simultánea en ocho distritos de la capital e incluyó el allanamiento de 20 inmuebles, así como tres celdas en centros penitenciarios, dos en el penal de Chorrillos y una en Lurigancho.

Según informó el teniente general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Nacional, la organización habría recaudado más de nueve millones de soles producto de actividades ilícitas entre los años 2023 y 2025. Para lograr su desarticulación, la PNP aplicó técnicas especiales de investigación que permitieron rastrear el flujo del dinero y reunir pruebas suficientes para solicitar las detenciones.

Las autoridades detallaron que la red criminal operaba bajo distintas denominaciones como ‘Los Norteños’, ‘Los Injertos del Cono Norte’, ‘Los Trujillanos’, ‘Los Mexicanos’ y ‘Los Papis’, con el objetivo de diversificar sus actividades delictivas y evadir a la justicia.

Entre los detenidos figuran un oficial del Ejército, capturado en el cuartel de Chorrillos, y un chofer de la empresa de transporte ‘Los Rojitos’, compañía que había sido previamente víctima de ataques criminales.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina explicó que el grupo utilizaba casas de apuestas y casinos como parte de su modus operandi para el lavado de activos. Las víctimas eran obligadas a depositar el dinero de las extorsiones en cuentas abiertas en estos establecimientos, lo que facilitaba tanto la transferencia como el retiro de los fondos ilícitos.

Asimismo, el Ministerio Público informó que la organización estaría conformada por al menos cuatro clanes familiares, cuyos integrantes se beneficiaban directamente del dinero obtenido ilegalmente.

Los 18 detenidos permanecerán bajo detención preliminar por un periodo de 15 días, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otras redes criminales.

Las autoridades no descartan ampliar las pesquisas para identificar la participación de terceros, así como establecer el grado de responsabilidad de las empresas involucradas en la facilitación de estas operaciones financieras ilícitas.