Irán ejecutó al menos 1.639 personas en 2025, lo que representa un incremento del 68 % respecto al año anterior y la cifra más alta registrada desde 1989, según un informe conjunto de las organizaciones Iran Human Rights (IHRNGO) y Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).

El reporte señala que solo 113 ejecuciones fueron anunciadas por fuentes oficiales, lo que equivale a menos del 7 % del total, una proporción inferior a la de años anteriores, lo que evidencia una limitada transparencia en la información estatal.

De acuerdo con el documento, cerca de la mitad de las ejecuciones estuvieron relacionadas con delitos de drogas, registrando un aumento del 58 % en comparación con 2024. Asimismo, 37 personas fueron ejecutadas por cargos de violación.

El informe también detalla que al menos 57 ejecuciones correspondieron a delitos considerados contra la seguridad del Estado, como “enemistad contra Dios” y “corrupción en la Tierra”. Entre los ejecutados figuran manifestantes, prisioneros políticos y personas acusadas de espionaje.

En cuanto a la población femenina, se registró la ejecución de al menos 48 mujeres, un 55 % más que el año anterior y la cifra más alta en dos décadas.

Las organizaciones alertaron además que 11 ejecuciones se realizaron en espacios públicos y que al menos 84 ciudadanos afganos fueron ejecutados, junto a otros extranjeros, lo que refleja el impacto de estas medidas en poblaciones vulnerables.

El informe indica que 852 de las ejecuciones en 2025 fueron dictadas por tribunales revolucionarios, acumulando más de 5.972 casos desde 2010 bajo este tipo de jurisdicción.

Según las ONG, este aumento responde a una escalada en el uso de la pena de muerte tras las protestas desencadenadas en 2022 por la muerte de Mahsa Amini, un caso que generó condena internacional.

“El uso de la pena capital en Irán funciona como una herramienta de opresión política y represión”, afirmó Raphaël Chenuil-Hazan, director ejecutivo de ECPM, quien advirtió que minorías étnicas y grupos marginados están sobrerrepresentados entre los ejecutados.

El documento también advierte sobre la existencia de al menos 553 ejecuciones no confirmadas, cuya verificación no pudo realizarse de manera independiente, lo que abre la posibilidad de desinformación en torno a estos casos.

Desde 2008, cuando se registraron 350 ejecuciones, el total acumulado supera las 11.196, con un promedio anual de 622, según el informe.

Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a la Naciones Unidas y a gobiernos con relaciones diplomáticas con Irán para que impulsen la abolición de la pena de muerte y respalden los movimientos abolicionistas dentro del país.