El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha reaccionado enérgicamente ante las recientes acusaciones en su contra, respaldadas por grabaciones y el testimonio de un testigo protegido. Santiváñez denunció la existencia de una presunta organización criminal integrada por miembros de la Policía Nacional (PNP) y del Ministerio Público (MP), cuyo objetivo sería desestabilizar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

El pasado 27 de agosto, Santiváñez presentó una demanda, confirmada por su abogado Carlos Caro en una entrevista con el programa dominical Contracorriente. Según Caro, esta supuesta organización tendría tres frentes: el primero estaría compuesto por efectivos policiales responsables de manipular documentos, grabaciones e imágenes; el segundo, por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP); y el tercero, por abogados que defienden a testigos protegidos o agentes encubiertos.

Hasta ahora, el único miembro identificado de esta organización es el capitán conocido como “Culebra”. Caro también insinuó que podría haber un “aparato comunicacional” aún no identificado, dedicado a crear una narrativa falsa que involucra a altos funcionarios del gobierno en actos de obstrucción de justicia.

Inconsistencias en los audios

En relación con los audios presentados como evidencia, la defensa del ministro ha señalado inconsistencias. Caro exigió que los celulares de donde provienen estos audios sean entregados al fiscal de la Nación para una revisión exhaustiva, alegando que hasta que esto no ocurra, las grabaciones carecen de valor probatorio.

¿Qué revelan los audios?

Uno de los audios supuestamente muestra a Santiváñez confirmando que fue designado por la presidenta Boluarte bajo la condición de desmantelar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Por su parte, el abogado de “Culebra”, José Carlos Mejía, aseguró que los celulares de su cliente han sido custodiados adecuadamente desde junio, cuando fueron entregados a la Fiscalía.

Este conflicto tiene su origen en un operativo realizado el 30 de marzo por la DIVIAC y el EFICCOP, que incluyó un allanamiento en la residencia de la presidenta como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El operativo, encabezado por el coronel Harvey Colchado, no fue bien recibido por Boluarte. Poco después, Colchado fue suspendido de su cargo y sometido a un procedimiento disciplinario. Además, el Ministerio del Interior anunció la desarticulación de la unidad de la PNP, alegando duplicidad de funciones.