La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Perú la derogación de la llamada "Ley de Impunidad", aprobada por el Congreso, que podría facilitar la prescripción de delitos de lesa humanidad. Además, instó a las autoridades judiciales a no aplicar esta normativa.

En un comunicado emitido el 3 de septiembre, la CIDH expresó su profunda preocupación por la aprobación de la Ley 32.017, que regula los alcances de los crímenes de lesa humanidad y de guerra en la legislación peruana. Según la CIDH, esta ley podría impactar gravemente el acceso a la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente las ocurridas durante el conflicto armado interno.

“El 9 de agosto de 2024, el Estado peruano promulgó la Ley 32.017, que limita la investigación y enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del 2002", señala el comunicado.

Diversas organizaciones de derechos humanos también han manifestado su rechazo a esta ley. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la falta de sanción a estos delitos afecta los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.

Por su parte, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) expresó su total rechazo a la Ley 32.017, instando a jueces y fiscales a ejercer su independencia y proteger los derechos fundamentales y la dignidad humana.

El gobierno peruano, bajo la administración de Dina Boluarte, respondió señalando que, según el principio de complementariedad, no corresponde a la CIDH intervenir en la legislación interna del país. Sin embargo, la CIDH recordó que, bajo el derecho internacional, no se puede permitir que la prescripción impida la investigación de crímenes graves como tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

La CIDH también subrayó que la independencia de jueces y fiscales es clave para garantizar el correcto funcionamiento de la justicia.

"Las normas sobre responsabilidad funcional no deben intimidar a los fiscales, evitando que ejerzan su labor de manera autónoma", destacó la comisión.

Finalmente, la CIDH enfatizó que, de acuerdo con la Convención de Viena de 1969, el derecho interno no puede ser utilizado como excusa para incumplir obligaciones internacionales. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 32.017, luego de que la Junta de Fiscales Supremos interpusiera una demanda de inconstitucionalidad en julio de 2024.