El Poder Ejecutivo tiene hasta el 24 de septiembre para promulgar la reforma de pensiones aprobada por el Congreso, una medida que cambiará el acceso de los peruanos a sus ahorros previsionales. Esta reforma propone modificaciones importantes en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y promete incluir a millones de trabajadores informales e independientes que hasta ahora no han tenido acceso a una pensión.

Entre los principales cambios, se prohibirá el retiro total o parcial de los fondos de las AFP durante la etapa activa de los afiliados, lo que evitará retiros extraordinarios. Además, los afiliados menores de 40 años ya no podrán retirar el 95.5 % de sus fondos al jubilarse, una medida que busca garantizar pensiones más sostenibles a largo plazo.

Expertos en la reforma
El economista Elmer Cuba, de Macroconsult, calificó la reforma como "modesta y financiable", señalando que beneficiará a los 10 millones de trabajadores informales que históricamente han quedado fuera del sistema de pensiones. La clave de la reforma está en el concepto de la pensión por consumo, que establece que el 1% del gasto anual de los trabajadores informales se depositará en una cuenta individual que contribuirá a su ahorro para la vejez.

El Estado también implementará una pensión mínima de S/600 para aquellos que hayan aportado formalmente al sistema por al menos 20 años, extendiendo un beneficio que anteriormente solo estaba disponible para los afiliados de la ONP.

¿Qué pasa si no se promulga?
Si la presidenta Dina Boluarte no promulga la reforma, las consecuencias serían serias. Actualmente, solo el 50% de los peruanos mayores de 65 años tiene acceso a algún tipo de pensión. Sin la reforma, se seguiría excluyendo a la otra mitad de la población, manteniendo un sistema desigual. Además, los expertos advierten que aplazar esta promulgación haría más costoso para el Estado cubrir las necesidades de los jubilados en el futuro.

Marco Vinelli, de la Universidad ESAN, advirtió que postergar la promulgación representaría un mayor costo fiscal a largo plazo, ya que el gobierno eventualmente tendrá que cubrir a una población mayor de jubilados sin los recursos necesarios.