

El pasado 10 de enero, concluyó la ampliación del estado de emergencia en Trujillo, una ciudad que sigue enfrentando serios problemas de criminalidad, pese a la medida gubernamental. En respuesta a la creciente violencia, el gobierno de Dina Boluarte anunció una nueva estrategia de seguridad llamada “Plan Celador”, presentada por el primer ministro Gustavo Adrianzén. Este plan tiene como objetivo reducir los índices delictivos en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, a través de tres ejes principales: prevención, investigación e inteligencia.
El Plan Celador divide a Trujillo en 20 sectores, a su vez organizados en 70 cuadrantes, cada uno conformado por 20 manzanas. En cada cuadrante se desplegarán dos patrulleros y dos motocicletas, garantizando una frecuencia de patrullaje cada 20 minutos. Esta rápida reacción tiene como objetivo reducir la delincuencia en el menor tiempo posible, con una intervención policial prevista de menos de un minuto.
General Guillermo Llerena, responsable del plan, detalló que cada vehículo policial será monitoreado a través de 250 GPS, que permitirán georeferenciar la ubicación de los patrulleros y asegurar que no se desvíen de su área asignada. Si un vehículo se mueve fuera de su cuadrante, se activará una alarma para alertar a las autoridades.
Además, se fortalecerá la presencia policial en las calles de Trujillo con 8,000 agentes patrullando constantemente, utilizando los días de franco y vacaciones de los efectivos para aumentar la cantidad de personal disponible. Esta cifra será complementada con el uso de tecnología avanzada, como pistolas, fusiles y chalecos antibalas, adquiridos para reforzar el equipo de la Policía Nacional.
El Plan Celador también incluye varias medidas adicionales, como la convocatoria de 1,000 choferes para conducir los patrulleros, lo que permitirá que los policías se concentren en la persecución de los delincuentes. Además, se implementará una central de monitoreo para supervisar la flota de vehículos policiales y se instalarán puestos de respuesta inmediata en las zonas más críticas de Trujillo.
En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, el plan incluye deportación de extranjeros indocumentados y el traslado de delincuentes a otros penales para reducir la sobrepoblación carcelaria. También se implementará un sistema de bloqueo de comunicaciones dentro de las cárceles, con el fin de evitar que los presos coordinen actividades criminales desde dentro.
En el aspecto de la inteligencia, el gobierno planea el uso del sistema informático SI-13, que permitirá procesar y analizar datos de manera más eficiente. Además, se contará con un escuadrón de drones para realizar labores de inteligencia y contrainteligencia, aumentando la precisión en las intervenciones.
El ministerio del Interior, a cargo de Juan José Santiváñez, también destacó la importancia de la coordinación con los operadores de justicia y el entrenamiento continuo de los efectivos en técnicas de investigación criminal. La estrategia también incluirá operativos en flagrancia y el control de mercados ilegales en Trujillo.
Con estas medidas, el gobierno espera reducir la criminalidad en Trujillo y devolver la paz a sus habitantes, mientras se realiza un esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional, las autoridades locales y la ciudadanía.