

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, experimentó un significativo incremento en su patrimonio entre los años 2021 y 2024, periodo en el que pasó de ser vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social a jefa de Estado. Durante este tiempo, su salario mensual fluctuó entre S/30,000 y S/16,000, mientras su patrimonio creció en S/631,752.93.
Según la última declaración jurada presentada por Boluarte ante la Contraloría General de la República, sus ingresos anuales alcanzaron los S/792,167.99 en 2024, lo que representa un aumento considerable con respecto a los años anteriores. En 2021, la presidenta reportó un ingreso de S/160,415.060, una cifra que incluye bienes de valor, propiedades arrendadas y otros activos de alta estima. En los dos años siguientes, los ingresos aumentaron progresivamente a S/389,519.23 en 2022 y S/593,347.31 en 2023.
Sin embargo, uno de los episodios más controvertidos ocurrió en 2023 y 2024, cuando se destapó el escándalo de ‘Rolexgate’, relacionado con la presunta aceptación de relojes de lujo por parte de la mandataria. En ese periodo, el patrimonio de Boluarte experimentó un incremento de S/198,820.68, lo que suscitó investigaciones por cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito.
Este escándalo se intensificó cuando en marzo de 2023, se reveló que Boluarte había utilizado relojes de lujo, presuntamente entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en retribución por partidas presupuestales para su región. El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que el aumento en los ingresos de la presidenta no era "normal", señalando que las cifras parecían no coincidir con su cargo público y que podría haber un desbalance patrimonial.
Ante estas acusaciones, el premier Gustavo Adrianzén aseguró que la Contraloría General de la República había realizado un análisis sobre el patrimonio de Boluarte y no encontró evidencia de desbalance patrimonial, descartando así las sospechas de enriquecimiento ilícito. A pesar de estas afirmaciones, el Congreso de Perú, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobó a mediados de 2024 la denuncia constitucional contra la mandataria por el escándalo del ‘Rolexgate’.
En su defensa, Dina Boluarte reconoció que aceptó los relojes como préstamo de su amigo Wilfredo Oscorima, pero aclaró que su intención era solo "representar bien al país". La presidenta afirmó que devolvió los relojes y negó tener joyas de alto valor, presentando en su lugar bisutería fina de plata.
Esta situación pone en el centro del debate la rendición de cuentas y las posibles implicancias legales que podrían surgir si las investigaciones avanzan. De ser aprobada la denuncia, la Comisión Permanente del Congreso decidirá los próximos pasos, pero según la legislación vigente, la presidenta en ejercicio no puede ser acusada de delitos de corrupción mientras esté en funciones.
El caso de ‘Rolexgate’ sigue siendo un tema candente en la política peruana, y mientras la mandataria defiende su postura, su aumento patrimonial en medio de estas investigaciones continúa siendo un asunto de gran preocupación y debate.