La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado el impedimento de salida del país del exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, quien es investigado por presunta corrupción en el extinto programa Qaliwarma. Esta solicitud fue presentada ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el pasado viernes y será evaluada el 4 de marzo. Si se acepta, Demartini no podrá salir de Perú durante los próximos nueve meses.

Demartini está siendo investigado por omisión de funciones al no supervisar adecuadamente las adquisiciones en el programa Qaliwarma, lo que resultó en el suministro de alimentos en mal estado, como carne de caballo en lugar de carne de res, y conservas de pollo con hongos. Estos hechos fueron expuestos por una serie de reportajes y han generado una investigación en su contra.

La noticia llega en medio de especulaciones sobre su posible nombramiento como embajador del Perú ante el Vaticano, un cargo que aún no ha sido confirmado, pero que fue discutido por el canciller Elmer Schialer, quien consideró que no existía impedimento legal para su designación, calificando a Demartini como "muy competente". Sin embargo, la propuesta ha generado rechazo en varios sectores, incluyendo el Congreso, donde el legislador Alejandro Aguinaga calificó el nombramiento como una "hostia envenenada", dado el contexto de las acusaciones de corrupción.

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, expresó su apoyo a la posible designación, destacando que Demartini se apartó del Gobierno para evitar generar problemas. A pesar de esto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, ha pedido que la fiscalía garantice la continuidad de la investigación sin interferencias, alertando que la inmunidad diplomática podría dificultar el avance del proceso.

Por su parte, el abogado defensor de Demartini, Fernando Silva, afirmó que la solicitud de impedimento de salida no tiene fundamento, ya que la investigación está en sus primeras etapas. En declaraciones a Canal N, Silva aseguró que su cliente ya ha declarado ante el Ministerio Público y que la posibilidad de ser nombrado embajador no debería generar sospechas. "Cada persona tiene derecho a aceptar un cargo público", sostuvo, agregando que Demartini se encuentra en Lima y se defenderá de la solicitud de la fiscalía.

La audiencia para evaluar el pedido se llevará a cabo el 4 de marzo, y se espera que la investigación continúe su curso en medio de un clima de controversia y atención mediática.